El Tribunal Supremo ha puesto a Francisco Camps a un paso del banquillo de los acusados. Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal ordenaron ayer a la Justicia valenciana reabrir la causa contra el 'president' y tres de sus más cercanos colaboradores. Los cuatro vuelven a estar imputados por haber aceptado regalos de la 'trama Gürtel'. El Supremo dictamina que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Camps, no debió dar carpetazo al caso. También considera que ese tribunal interpretó mal el Código Penal al entender que no hubo cohecho impropio porque aunque el jefe del Gobierno autonómico aceptara las dádivas no se pudo probar que éstas fueran recompensadas con adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
El alto tribunal, tras debatir durante más de tres horas el asunto, acordó por unanimidad aceptar los recursos de casación presentados por la Fiscalía y los socialistas valencianos contra la decisión del TSJCV el 1 de agosto del 2009 de decretar el sobreseimiento libre de la causa contra Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa.
Los magistrados acordaron «estimar el primero de los motivos» de las acusaciones. Esto es, el Supremo entiende, como alegó el Ministerio Público, que los cuatro altos cargos pueden ser acusados de un delito de cohecho pasivo impropio, (artículo 426 del Código Penal), aunque no exista una «relación de causalidad» entre los regalos y los 85 contratos públicos por valor de 7,2 millones de euros que la administración autonómica adjudicó a la trama 'Gürtel' entre el 2004 y el 2009.
Dejarse agasajar
El artículo bajo discusión establece textualmente que «la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses». El Supremo, explicaron fuentes judiciales, cree que el tribunal valenciano erró al «ignorar» la primera parte del artículo («en consideración a su función»). «El mero hecho de dejarse agasajar en virtud de su cargo sería delito si queda probado», matizaron responsables del Supremo.
El alto tribunal -que sólo hizo pública ayer la parte dispositiva del fallo y cuyo contenido íntegro no se conocerá hasta dentro de unos días- dispone además que la causa se «reenvíe», no a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano que archivó el caso, sino directamente al juez instructor del sumario, José Flors. Este magistrado, que recibió de manos de Baltasar Garzón el caso, fue quien durante la pasada primavera interrogó como imputados a Camps, Costa, Campos y Betoret, y pidió a la sala su procesamiento porque había indicios de que pudieron incurrir en cohecho al aceptar los regalos de Orange Market, la empresa de 'El Bigotes' que, según el instructor, «obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat».
El Supremo, en su resolución, se limita a señalar que Flors deberá «continuar la tramitación de la causa en la forma legalmente procedente». Según explicaron fuentes judiciales, esta vaguedad deja varias posibilidades al instructor. Puede seguir investigando y quedaría a su albedrío si acepta el informe de la unidad policial de Antiblanqueo que De la Rúa rechazó incorporar a la causa el pasado verano. Ese informe aseguraba que había pruebas de supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de Orange Market.
Más probable
La segunda opción, la más probable, es que Flors tras recibir la causa confirme, de nuevo, el cierre de la investigación y abra juicio oral. En ese supuesto, la Sala de lo Civil y lo Penal no podrá ya oponerse alegando que no ve motivos para el cohecho impropio. Todas las fuentes consultadas apuntan a que en ese caso a Camps le quedarían «muy pocas opciones jurídicas» para evitar sentarse en el banquillo para ser enjuiciado por un jurado popular. Un proceso que presidiría el magistrado progresista Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que no ha actuado en esta causa. Los otros cuatro miembros de esa instancia ya están 'contaminados': De la Rúa, José Francisco Ceres y Juan Montero conformaron la sala que decretó el archivo en agosto -con la oposición de Montero, que abogó por seguir la investigación- y Flors es el instructor del sumario.
En ese hipotético juicio, Camps estaría acusado de haber recibido prendas de vestir valoradas en 12.783, amén de zapatos, pulseras, relojes, juguetes y entradas de espectáculos. Costa, Campos y Betoret, según Garzón, habría aceptado trajes por valor de 7.325, 4.850 y 9.950 euros cada uno.
