No declinar sus responsabilidades apelando a la autonomía de los centros, sino «responder y garantizar» un común denominador en los planes de convivencia que logren una «real y efectiva» convivencia en las escuelas e institutos riojanos. En estos términos se dirige a la Consejería de Educación la Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, en el informe que elabora anualmente y que recapitula la actividad desarrollada durante el último ejercicio. El texto, al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA antes de que se eleve al pleno del Parlamento regional en fechas próximas, recoge en el apartado de recomendaciones varias que tienen como destinataria a la Administración educativa y que surgen derivadas de varias quejas llegadas hasta la Defensoría durante el 2009.
Las reflexiones de Díez Jalón parten de dos asuntos «especialmente graves» que se tramitaron por conflictos entre alumnos y docentes riojanos y la novedosa aparición de casos de 'ciberacoso' (ciberbullying, en terminología inglesa) que obligó a implicar para su resolución no sólo a los protagonistas y a las familias afectadas, sino a las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso a la Fiscalía de La Rioja. Asuntos ambos relativos a sendos episodios de «graves ofensas y suplantación de la personalidad» formuladas contra varios profesores en una red social de Internet.
Al amparo de todo ello, Díez Jalón urge a la Consejería para que ante situaciones conflictivas similares y con independencia de las medidas sancionadoras o disciplinarias a que hayan lugar desde los centros educativos, ejecute sus competencias en toda su amplitud. Concretamente, la Defensoría del Pueblo de La Rioja recomienda expresamente que oriente acerca del uso y control de las nuevas tecnologías en los planes de convivencia que deben elaborar los centros educativos, además de «adoptar un papel más activo» en los procedimientos de resolución de conflictos mediante un protocolo sobre maltrato al profesorado.
Concluye su escrito instando al departamento que dirige Luis Alegre a «informar y dar amparo efectivo» a los profesores en defensa y protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen ante aquellas actuaciones contrarias a las normas de convivencia de los centros realizadas por los alumnos. «Ya sea dentro o fuera del recinto escolar», puntualiza.
Menores
No es ésta la única referencia que Díez Jalón ofrece en relación al binomio formado por juventud y nuevas tecnologías.
Ahí inciden también las investigaciones de oficio incoadas durante el pasado año por su departamento y dirigidas de forma transversal a todas las administraciones implicadas de una u otra forma y justificadas, según sus palabras, «no sólo en la necesaria protección de los derechos del menor, sino en consultas y quejas que han llegado a la Defensoría relacionadas con el uso que nuestros jóvenes realizan de las TIC's».
Además de aportar una batería de reflexiones al respecto -«es necesario abrir un debate social en el que (...) se vayan perfilando las claves para una nueva legislación que conjugue el derecho de quienes libre y voluntariamente buscan así una forma de ocio como cualquier otra, en la que perder tiempo y dinero, con el deber de los poderes públicos de garantizar que se respete el derecho fundamental de los menores al desarrollo de su personalidad sin riesgo»- la Defensora articula una recomendación dirigida también a la Consejería de Educación con un mandato: que además de promover proyectos innovadores basados en el uso de programas informáticos avanzados por parte de los alumnos, intensifique sus potestades para una utilización «responsable y segura» de dicha herramienta educativa.
Díez Jalón también aporta una sugerencia en términos similares al Ayuntamiento de Logroño, al que insta a establecer medidas dirigidas a fomentar el correcto uso de Internet y las TIC´s con elementos pedagógicos y nomas de uso correcto, navegadores adaptados y todos aquellos elementos que favorezcan esta coyuntura.
