El presidente y el secretario general del Partido Riojano (PR), Miguel González de Legarra y Miguel Gómez Ijalba, insistieron ayer en poner en duda la imparcialidad del presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual, a quien acusaron de no tramitar actuaciones sancionadoras desde que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino delegó en su cargo la facultad para la incoación e instrucción de expedientes hace un año.
Los dirigentes regionalistas, que cifraron en «al menos 50» las actas con potenciales actuaciones fraudulentas que aún no han derivado en expedientes sancionadores, reclamaron incluso al Ministerio, organismo de quien depende el Consejo Regulador, que asuma directamente «el control» de la institución por incumplimiento de la Ley de la Viña y el Vino: «Esta excepción está prevista en la normativa cuando el órgano de gestión de una denominación de origen no vela por el cumplimiento del Reglamento o cuando no cumple su función de denuncia ante los órganos administrativos competentes de las infracciones detectadas o cometidas por los inscritos», indicó Ijalba.
González de Legarra recordó que, tras un nuevo vacío legal provocado por los tribunales con la anulación en cascada de sanciones del Consejo, el Ministerio delegó el 19 de abril del año pasado en la Presidencia del Consejo Regulador, de forma urgente y provisional, la competencia para incoar e instruir expedientes. Un año después, según los regionalistas, el Ministerio de Medio Ambiente, que después de la incoación e instrucción es quien ejerce ahora la facultad sancionadora en todos los casos, no ha recibido expediente alguno. «Víctor Pascual está totalmente inhabilitado para ejercer su cargo -afirmó Ijalba- por la clara dejación de funciones que estamos denunciando; por su no imparcialidad, en la medida que representa a intereses privados; y por la opacidad demostrada al negarse a informar a los vocales del último pleno del expediente sobre el fraude de casi medio millón de kilos de uva que, por cierto, se inició a instancias de la denuncia del PR». El presidente de los regionalistas aseguró que «mientras los servicios de inspección del Consejo funcionan a la perfección, como lo demuestran las al menos 50 actas abiertas, el propio presidente está desprestigiando ese trabajo y permitiendo que caraduras actúen como si todo el monte fuera orégano».
Legarra, que no supo precisar a preguntas de los periodistas si hay o no expedientes caducados por la supuesta inacción denunciada, reclamó «la dimisión de Víctor Pascual y la intervención inmediata del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino».
