Inmaculada Ortega, suspendida por un mes de sus funciones como diputada

Un mes de suspensión en el ejercicio de las funciones como parlamentaria de Inmaculada Ortega. Ésa es la medida que la Mesa del Parlamento acordó ayer imponerle por mayoría -tres votos a favor por uno en contra del socialista Pablo Rubio sin contar con la propia Ortega, secretaria segunda del ente- como sanción por la «vulneración del reglamento» de la institución en el último pleno.

Como recordó ayer el presidente de la Cámara, José Ignacio Ceniceros, la diputada fue llamada al orden por tres veces durante la sesión que se celebraba el pasado jueves y conminada por ello a abandonar al hemiciclo. Tras dos reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces, Ortega mantuvo su decisión de permanecer en el escaño, negándose a retirar las palabras dirigidas al propio Ceniceros -«es un presidente de parte», le espetó- en caso de que no instara al consejero de Presidencia, que intervenía en ese momento desde el banco azul, a retractarse de la acusación de «amigo de los socialistas» que dirigió al fiscal superior, Juan Calparsoro. Llegados a ese punto, la presidencia acordó suspender la cita y retomarla otro día.

«Además de derechos, los diputados tienen obligaciones y deben respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias», argumentó Ceniceros subrayando que Ortega vulneró reiteradamente el artículo 85 donde se recoge el régimen de funcionamiento y el principio de autoridad de la Presidencia de la Cámara. «Lo sucedido es una afrenta al modelo de convivencia parlamentaria y a las normas que nosotros mismos nos hemos dado», reflexionó para sentenciar: «No voy a resignarme a que se generalice una imagen pésima de los diputados riojanos ni a que se deteriore la función del Parlamento».

1.317 euros más el viaje

A efectos prácticos, la sanción implica para Ortega la imposibilidad de participar en los plenos y comisiones, presentar iniciativas parlamentarias y percibir tanto la mensualidad correspondiente a su cargo de miembro de la Mesa (1.317 euros) como el kilometraje por el desplazamiento a las sesiones. Ceniceros agregó que la medida, recogida en el artículo 90 y sin precedentes en los 27 años de historia de la Cámara, no invalida recurrir al artículo 86 que contempla un posible acuerdo en pleno para suspender durante un mes alguno o todos los derechos de la diputada. Una medida que supondría la pérdida de su aforamiento e inviolabilidad.

Ceniceros negó tajantemente que, como ha sugerido el PSOE, la expulsión y posterior suspensión del último pleno fuera premeditado y tratara de desviar la atención sobre otras cuestiones de la actualidad política. Criticó la actitud del portavoz socialista, Francisco Martínez-Aldama, que en vez de instar a su diputada a acatar a la presidencia «le hizo la ola», e incluso reveló que en la reunión donde se debatió qué hacer le planteó la marcha en bloque de su grupo pero al final, y ante la intención de PP y PR de continuar, permanecieron en el hemiciclo. En breve se convocará un pleno para tratar los puntos del orden del día que no pudieron debatirse en la sesión abortada.