«Quien la haga, que la pague». Ésa fue la reacción de los sindicatos agrarios ante la denuncia del Partido Riojano (PR) del intento de fraude de casi 500.000 kilos de uva en el que, además de a un constructor logroñés propietario de la finca de 90 hectáreas de Ausejo, los regionalistas implican también a un hermano de la vicepresidenta del Gobierno riojano como supuesto vendedor de las uvas fraudulentas.
José Antonio Torrecilla, secretario técnico de ARAG-Asaja, señaló que «la forma de dar credibilidad a esta Denominación es cumpliendo con el dicho de que 'quien la hace la paga'». En este sentido, reconoció que «nos hemos enterado del tema por la denuncia del PR y lo que hemos podido ver es que los servicios de inspección han funcionado correctamente y que los veedores han hecho su trabajo». «Yo no dudo -continúa- de que todos los diferentes estamentos del Consejo Regulador cumplirán con sus funciones, y eso es precisamente lo que reclamamos desde Asaja».
En similares términos, Eusebio Fernández, secretario general de UPA, señaló que «si estas actuaciones dan lugar a expedientes sancionadores, lo que pedimos es que se abran, estén implicadas las personas que sean». «Estoy tranquilo, ya que, por lo que he podido saber, los veedores trabajaron bien, al igual que el servicio de control, al detectar el intento de fraude». De hecho, Fernández señaló que «el volumen del fraude es elevado, pero por las noticias que tengo el tema está controlado y el vino desamparado, lo que me hace estar tranquilo».
En cualquier caso, el dirigente de UPA sí cuestionó que no se informara al pleno de la situación, un día después de estallar la denuncia del PR: «No nos hacen falta nombres, y entendemos que esa cuestión puede ser privada y estar protegida, pero hablamos de un intento de fraude lo suficientemente importante como para informar a los vocales del pleno». Fernández recordó que «así se lo hicimos ver al presidente del Consejo en la reunión del pasado viernes».
Por su parte, el coordinador sindical de la UAGR, Luis Torres, confirmó también que la central no tenía conocimiento hasta que ha saltado a la prensa un tema que calificó de «muy grave» en caso de que se confirme. Torres instó al Partido Riojano a aportar «inmediatamente» las pruebas que avalan la denuncia presentada públicamente por la formación que lidera Miguel González de Legarra. «Es de suponer que para plantear una cuestión de esta magnitud tendrán las pruebas pertinentes, así que lo oportuno es que las expongan», agregó.
El portavoz de la UAGR desmintió que la cuestión fuera vox populi entre el sector. «Tenemos afiliados en Ausejo y el resto de La Rioja, pero no nos habían comunicado nada al respecto», indicó para añadir que, al margen del curso que tomen los acontecimientos, el sindicato también intentará recabar información.
El coordinador emplazó al Consejo Regulador, como órgano competente, a que realice las investigaciones precisas y, en su caso, adopte las medidas oportunas. En todo caso, lamentó también que no se informara de la cuestión en el pleno del pasado viernes, tal y como pidió también su sindicato: «Debería haberse contestado a las preguntas de los vocales».
