El arranque, aún pendiente pero en trámite

El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, eludió hacer comentarios sobre el caso concreto por «obligaciones legales», aunque aseguró que «todos, y digo todos, los expedientes están siguiendo el trámite legal correspondiente, sin excepción». La orden de arranque sobre las viñas de la familia de la vicepresidenta se correspondería con el de aquellas plantaciones hincadas con posterioridad al 1 de septiembre de 1998, que nunca tuvieron oportunidad de regularización. Tras la comunicación de la resolución de arranque se impone una sanción económica a los propietarios, que acaba reclamándose en vía ejecutiva. Si los propietarios del viñedo ilegal siguen desoyendo el descepe, cada año se aplicará una nueva sanción (en función de la superficie), que se repite hasta que se produzca el arranque, si bien cada paso administrativo puede ser recurrido, con lo que los plazos pueden alargarse. En el caso de la familia de la vicepresidenta, la resolución de arranque se reactivaría tras el auto del Supremo de febrero del año pasado.