El presidente y el secretario general del Partido Riojano (PR), Miguel González de Legarra y Miguel Gómez Ijalba, vincularon ayer un intento de fraude de unos 500.000 kilos de uva con la familia directa de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Turismo y Ordenación del Territorio, Aránzazu Vallejo. Los dirigentes regionalistas aseguraron tener «constancia y pruebas» de que la familia «directa» de la vicepresidenta habría vendido uva no amparada a bodegas de la denominación «usando cartillas de fincas que no han podido ser vendimiadas», aunque no aportaron ningún documento que así lo acreditase a los medios de comunicación.
Este periódico pudo confirmar la existencia de un intento de fraude en la última vendimia a cargo de una sociedad limitada, cuyas cantidades podrían corresponderse con la denuncia del Partido Riojano, aunque no estaría clara la participación de la familia de la vicepresidenta del Gobierno en los hechos.
En este sentido, el presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual, confirmó que no existe ningún expediente relacionado con la familia de Vallejo y mostró su sorpresa por la denuncia realizada por el PR: «Analizaremos el tema con más detenimiento en el pleno de mañana [por hoy], aunque el Consejo Regulador tiene la obligación de no hablar de expedientes sancionadores por muchas razones, entre ellas, por la presunción de inocencia». «Lo único que puedo asegurar, a raíz de la denuncia pública que se ha hecho, es que no hay expediente alguno vinculado a la familia de la vicepresidenta», añadió.
La noticia provocó un extraordinario revuelo tanto en el Gobierno regional como en el propio Consejo Regulador, ya que el desconocimiento del asunto, o al menos de la vinculación directa de la familia Vallejo con la denuncia del PR, era general.
Según pudo saber este periódico, en la última vendimia los servicios técnicos del Consejo Regulador detectaron varias partidas de uva (cuya cantidad podría acercarse a los 500.000 kilos denunciados por el PR) que fueron a parar a dos o tres bodegas de la Denominación de Origen con las cartillas de viñedo de una sociedad limitada.
Tanto las uvas como los vinos fueron descalificados al constatar los veedores del Consejo la pretensión de los titulares de la cartilla de cubrir fincas que habrían sufrido las consecuencias del pedrisco del pasado verano que azotó distintas fincas de La Rioja Baja con uvas de procedencia injustificable. Las 'cuentas' propuestas por los responsables de la sociedad no cuadraban, así que se controlaron todas las entregas de uva y se descalificaron los depósitos de vino, con lo que el fraude quedó sólo en un intento.
Legarra se ratifica
La operación presenta similitudes con la que los dirigentes del Partido Riojano atribuyen a familiares directos de la vicepresidenta del Gobierno. Preguntado por este tema, Miguel González de Legarra insistió en que «podemos mantener, y lo hacemos, que la familia directa de Aránzazu Vallejo está vinculada con una operación fraudulenta de unos 500.000 kilos de uva y lo que queremos es que tanto el Consejo Regulador como el Gobierno regional den las explicaciones oportunas».
Legarra se remitió a lo expuesto en la rueda de prensa de por la mañana y no supo, o no quiso, desvelar si entre los socios de la limitada mencionada, y presunta responsable del intento de fraude de casi 500.000 kilos de uva, figura algún familiar de la vicepresidenta del Gobierno para sustentar sus acusaciones: «Lo que queríamos decir lo hemos dicho ya», zanjó. En este sentido, el presidente de los regionalistas se refirió en la rueda de prensa a la operación como «el mayor, o uno de los mayores, fraudes de la denominación de origen, un gran timo a la Denominación, a las bodegas, a los agricultores, a la Comunidad Autónoma y a Hacienda».
Incluso aludió irónicamente a las manifestaciones realizadas a finales del año pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sanz, en las que, relacionaba las uvas que quedaron sin vendimiar la campaña pasada con excesos de producción y con «trampas consentidas». «Cuando Sanz hablaba entonces de trampas -dijo ayer González de Legarra- ya sabía de lo que hablaba, y más para quienes tienen buenos padrinos».
Por su parte, Miguel Gómez Ijalba aseguró que la actuación fraudulenta denunciada «está totalmente constatada y demostrada» El secretario general del PR señaló que los hechos supondrían «una infracción del Reglamento de Rioja, que, además del decomiso de la mercancía, podría implicar también la suspensión temporal o para siempre del derecho de uso de la Denominación de Origen e incluso un delito con responsabilidades penales».
