El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha tomado parte activa en la defensa de su colectivo ante cualquier agresión. «El Colegio protege absolutamente al médico, que en una situación de agresión no tiene más que ponerlo en conocimiento de la institución y ésta directamente actúa con la Fiscalía. La relación con ella es extraordinaria», explica su presidenta, Inmaculada Martínez Torre. Hasta ahora, era el facultativo el que debía sumergirse en una marea burocrática si quería sacar adelante la denuncia. Desde hace unos meses el Colegio lleva las riendas en el proceso.
Pero la lucha contra las agresiones tiene, además, una vertiente jurídica. A nadie se le escapa que el endurecimiento de las penas y su consideración como delito de atentado tienen un componente disuasorio importante. Hace ya más de un año que la Fiscalía General del Estado instó a la Fiscalía de La Rioja a que extremara el celo en el tratamiento jurídico de este tipo de situaciones. Desde entonces, estos episodios se califican como delitos de atentado a funcionario público.
