La Junta General de Jueces de Logroño considera que «técnicamente es inviable» implantar la nueva Oficina Judicial a lo largo de este año, tal como ha planteado el Ministerio de Justicia. En un comunicado, recuerdan las declaraciones del secretario general de Modernización del Ministerio, Ignacio Sánchez Guiu, cuando anunció a finales de año que Logroño era una de las ocho ciudades que iban a participar en la experiencia piloto de implantación de la nueva Oficina Judicial a partir del 5 de mayo.
Entonces dijo que esta nueva Oficina Judicial dispondrá de servicios comunes especializados con unidades de apoyo más reducidas al Juez, que se encargará de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; además la figura del secretario judicial se convertirá en clave, ya que dirigirá los servicios comunes para todos los órganos judiciales.
Para la Junta de Jueces de Logroño, la implantación simultánea de todos los servicios comunes, se hará «sin provisión de espacio material, de medios personales ni materiales» y se pretende desarrollar «de forma precipitada, unilateral y de espaldas a todos los operadores jurídicos, especialmente, a jueces, secretarios y funcionarios».
Esta forma de actuar, «únicamente puede abocar a la práctica paralización de la Justicia» en la comunidad autónoma de La Rioja» algo en lo que «ya tenemos la reciente experiencia de los Juzgados de Calahorra», que han estado paralizados durante tres semanas por diversos fallos del sistema informático «sin que hasta la fecha conste ninguna depuración de responsabilidades», añade el comunicado de prensa.
Progresiva y con previsión
Los jueces de la capital riojana declinan «cualquier responsabilidad en las consecuencias de esa eventual implantación de la nueva Oficina Judicial» tal y como se ha planteado.
Por contra, propugnan su implantación «progresiva, con previsión anticipada de espacios físicos, medios personales y materiales para cada uno de los servicios a desplegar, con audiencia a todos los operadores jurídicos y, en la medida de lo posible, consensuada».
Así, aseguran «se está desarrollando en otras comunidades» y así consideran los jueces «es lo mismo que se merece la sociedad riojana». Creen, además, que esa implantación debe ser coordinada con el proceso de transferencias de competencias en materia de Justicia al Gobierno regional.
