El Gobierno estudia presentarse como defensa de las víctimas de delitos sexuales

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno./Ballesteros (Efe)
Isabel Celaá, portavoz del Gobierno. / Ballesteros (Efe)

El anuncio de Celaá provoca «perplejidad» en la Abogacía del Estado, ya que sus estatutos impiden defender a particulares

Daniel Roldán
DANIEL ROLDÁNMadrid

El Gobierno quería contestar de forma contundente a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que decidió que los cinco miembros de La Manada podían pisar la calles si depositaban 6.000 euros como fianza. Una controvertida decisión que llenó el jueves por la tarde de indignación la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y que se trasladó a decenas de ciudades por toda España, donde miles de españoles mostraron su rechazo a la justicia y su solidaridad con la víctima. Ante esta situación social, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiso mostrar su sensibilidad con la joven madrileña víctima de La Manada y con el resto de las víctimas de abusos sexuales.

Pero lo que deberían ser unas palabras de consuelo, se convirtió en un galimatías provocado por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que tuvo que ser matizada horas después por su homóloga de Justicia, Dolores Delgado. Celaá afirmó que para luchar mejor contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el Gobierno había pedido estudiar que «el Servicio Jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas».

La cifra

371
fueron las agresiones con penetración que se produjeron en España durante el primer trimestre de este año, según los datos del Ministerio del Interior.

Unas funciones -se supone que de acusación particular- que la ministra no supo explicar y que suscitó la «perplejidad» de la Abogacía del Estado por esta iniciativa. Fuentes de este organismo recordaron que las funciones de la Abogacía es la de «la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos». También recuerdan que en crímenes tan graves como los asesinatos terroristas de «servidores del Estado» -policías, fiscales, jueces o militares- estos servicios jurídicos «jamás» se han presentado como acusación popular. Todo el peso de la representación jurídica del Estado ha recaído en la Fiscalía.

Además, las mismas fuentes se cuestionaron de dónde van a salir los recursos para poder atender las peticiones del Gobierno. Solo en el primer trimestre del año, según el informe de criminalidad del Ministerio del Interior, se produjeron 3.025 delitos contra la libertad sexual. De ellos, 371 fueron agresiones con penetración. Estos últimos, de especial gravedad, son los que atenderían los servicios jurídicos del Estado.

Reflexión «serena»

Celaá incrementó la confusión al asegurar que el Gobierno iba a «personarse» en el caso de La Manada, cuando ya no puede hacerlo como recordó después la titular de Justicia. «Estos son los actores que hay (Fiscalía, defensas y acusaciones particular y popular) y no puede haber otros», zanjó Delgado. Sobre el auto de la sala navarra, la portavoz rompió la neutralidad entre los poderes para afirmar que el Gobierno estaba «sorprendido» por la decisión, porque «la regla de oro general» era mantener en prisión a los condenados al menos la mitad de la pena -cuatro años y medio-. «El Gobierno se hace eco de la alarma y la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger, necesita proteger y va a proteger», indicó la portavoz.

Por su parte, la titular de Justicia incidió en la necesidad de realizar un estudio «sereno» sobre el Código Penal y los posibles cambios que se deben introducir para dar respuesta a los delitos contra la libertad sexual. «Son necesarios cambios de mentalidades», adujo Delgado.

Justicia aclara que el Gobierno no puede personarse en el caso de 'La Manada' pero anuncia un estudio «sereno» de la ley

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha matizado este viernes que el Ejecutivo no puede personarse en el caso de 'La Manada', al tratarse de un procedimiento judicial «con sus normas y sus reglas», aunque ha adelantado que se hará un estudio «sereno» del Código Penal para analizar cómo dar respuesta ante delitos contra la libertad sexual.

Delgado ha respondido así después de que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, haya anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno estudia personarse como parte en defensa de las víctimas de estos delitos.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de la Unión Internacional del Notariado, la responsable de Justicia ha aclarado que, en lo que respecta al caso contra los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por delito de abuso sexual, cada parte -Fiscalía, acusación particular y popular y defensas- tiene atribuida su función propia. «Estos son los actores que hay y no puede haber otros», ha apuntado.

Ahora bien, Delgado se ha comprometido a llevar a cabo «un estudio sereno» del Código Penal «para analizar la situación, ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo se puede hacer para dar una respuesta a la sociedad, porque la reclama», ha dicho.

Preguntada por sus declaraciones de este jueves tras conocerse la libertad provisional de los cinco miembros de 'La Manada' en las que dijo que eran necesarias «reformas mentales», la ministra ha insistido en que debe producirse un «cambio de mentalidades» y que hay que apostar por la formación de jueces, magsitrados, operadores jurídicos y fiscales.

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