Ecologistas alertan del riesgo de nuevas Aznalcóllar veinte años después del vertido

Vista actual del tramo final del río Guadiamar, en la zona de Entremuros, donde se detuvo la riada tóxica del vertido de la Mina de Aznalcóllar. /Alfredo Martínez (Efe)
Vista actual del tramo final del río Guadiamar, en la zona de Entremuros, donde se detuvo la riada tóxica del vertido de la Mina de Aznalcóllar. / Alfredo Martínez (Efe)

La rotura de la balsa minera derramó siete millones de litros de lodos tóxicos, convirtiéndose en el mayor desastre ecológico del país

CECILIA CUERDOSevilla

El corredor verde del Guadiamar surge hoy frondoso y repleto de fauna donde hace veinte años los lodos tóxicos y las aguas ácidas lo arrasaron todo tras romperse la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar (Sevilla). Las administraciones y los científicos llevaron a cabo una regeneración ejemplar de la zona, pero las asociaciones ecologistas advierten de que el riesgo no ha pasado y sigue aún muy vivo con los nuevos planes de reapertura de la mina. La catástrofe «se puede volver a repetir si se reabre la mina en las condiciones en las que se está negociando», alertó ayer el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, cuya organización, junto a Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y Greenpeace solicitará de forma inmediata la revisión de oficio de la concesión minera.

La balsa que almacenaba los residuos de la mina de pirita se fracturó la madrugada del 25 de abril de 1998 a causa de la presión por la acumulación de lodos. Se abrió una grieta de 60 metros en el muro de contención, por la que se vertieron cinco millones de litros de lodos tóxicos y otros dos millones de aguas ácidas. El derrame, cien veces mayor que el del 'Prestige', ocurrido dos años después, desbordó el cauce de los ríos Agrio y Guadiamar, descendiendo hacia Entremuros, el corazón mismo de las marismas de Doñana. Aunque el parque se salvó, el vertido contaminó un total de 63 kilómetros de cauce y 4.634 hectáreas de terreno. Las administraciones central y regional invirtieron cerca de 240 millones en recuperar el terreno, pero fracasaron en reclamar a la propietaria de la mina, la sueca Boliden Apirsa, que sufragara los gastos de limpieza e incluso la multa que le fue impuesta. A día de hoy, siguen esperando que pague los cerca de 133 millones que suponen ambos conceptos.

El riesgo, sin embargo, no ha desaparecido debido al resurgimiento de la actividad minera como vía para paliar el desempleo en la zona, cercano al 28%. «Se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración», señalan desde Ecologistas en Acción en alusión a la reapertura de la mina Los Frailes, que afirman se ha adjudicado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley. El proyecto supone vaciar una corta abandonada desde 2001 en la que se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas tóxicas, el doble de la que se vertió en 1998, alertan. Y recuerdan que el grupo Minorbis México que explotará el proyecto -ya ha iniciado las labores de exploración-, es responsable del mayor vertido registrado en el país centroamericano.

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