Los abusos sexuales y el maltrato de menores se disparan en España

'Save the Children' inicia una movilización social para exigir al Gobierno que apruebe este año una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia

ALFONSO TORICESMadrid

Los escasísimos datos existentes apuntan a que la violencia contra la infancia y los adolescentes en España -maltrato, abusos, violencia de género, acoso escolar- alcanza unos niveles preocupantes y que se trata de una lacra en claro aumento.

Las denuncias por maltrato a menores en el ámbito familiar subieron en 2016, el último año estadístico completo, un 23,4% y los abusos sexuales a niños y jóvenes registrados por las fuerzas de seguridad crecieron un 15,8%, mientras el concepto global de delitos violentos contra la infancia también se elevó un 4,4%, hasta los 37.495. Estos datos, aportados hoy por Save the Children, coinciden con el final de un año, 2017, en el que los homicidios de menores a manos de sus progenitores o de las parejas o exparejas de sus madres -muchas de ellas también asesinadas- alcanzaron la cifra de ocho, un triste récord de la década, en la que, de media, no se llegó ni a la mitad.

Pero el problema fundamental, destacó la ONG de protección de la infancia, es que estas cifras no son más que la punta del iceberg de una violencia que, según los pocos estudios existentes, padecerían "en silencio" centenares de miles de niños y jóvenes españoles. Prueba de ello es que se sabe que los abusos sexuales denunciados no llegan ni al 15%, que solo trascienden tres de cada diez casos de violencia machista o que el acoso escolar, pese a que las denuncias aumentan, afectaría a prácticamente el 10% de los menores.

Las razones de la "invisibilidad", cree la organización, son, además del miedo y la escasez de denuncias de las víctimas, y de la ocultación interesada en los ámbitos en se producen (familia y escuela, la mayoría), el fracaso en la prevención y detección por las instituciones y el entorno social, la inexistencia de registros oficiales, y "la falta de interés de los políticos".

Al final, recordó Ana Sastre, directiva de Save the Children, que esta lacra solo sale a la palestra e impacta en la opinión pública cuando se produce el asesinato o el suicidio de un menor víctima de violencia, que ya suman más de un centenar en el último lustro. Estas muertes conforman de hecho el lema de la campaña de movilización social que hoy puso en marcha la ONG para exigir al Gobierno que "cumpla con su palabra" y con lo que le ordenó el Congreso y que, antes de septiembre, apruebe y envíe al Parlamento una ley integral, al estilo de que desde hace 13 años combate los ataques machistas, para erradicar la violencia contra la infancia.

Bajo el lema '#LosÚltimos100', con el objetivo de que "no haya ni una muerte más", han elaborado un manifiesto abierto a la adhesión general, han iniciado en la web una recogida de firmas, y multitud de famosos, como Alejandro Sanz, Jorge Javier Vázquez o Elena Anaya, han participado en un vídeo que recuerda los nombres de los cien niños fallecidos y reclama la ley ya.

Bloqueo de las visitas

La ley, según la aportación enviada por esta ONG a los partidos, debe formar a todos los profesionales que trabajan con la infancia en la prevención y detección de esta violencia y sensibilizar a la sociedad para que denuncie. Reclama varias medidas para aumentar la protección de los menores y la persecución de los agresores. Recuerda que la mitad de los abusos sexuales se producen en la familia y el 30% en el entorno del niño y pide que se inhabilite para el trabajo con niños a cualquier condenado (profesional o voluntario) por un delito de violencia contra la infancia y que la prescripción penal de los abusos no empiece a contar hasta los 30 años de la víctima (ahora los 18), para facilitar la denuncia y condena de parientes. También reclama que se suspenda de forma cautelar el régimen de visitas a los padres agresores en cuento se conozca un caso, pues ahora solo se adopta esta medida en el 6% de las órdenes de protección y solo se retira provisionalmente la custodia en el 9%.

La organización recuerda que solo el 30% de los abusos a menores denunciados llegan a juicio y demanda que se creen juzgados y una fiscalía especializados en violencia contra la infancia, así como que se forme a los profesionales, que no se obligue al menor a testificar más de una vez, y que se habiliten instalaciones que no los intimiden. La ley, añaden, además de un financiación adecuada para implantar las medidas, también debe asegurar protocolos obligados en todos los colegios contra el acoso escolar y medidas concretas de protección para los colectivos más expuestos a esta violencia, como son las niñas, los discapacitados, los menores extranjeros no acompañados, las víctimas de trata, o los colectivos LGTBI.

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