La Rioja

El recorte en dependencia asciende a más de 2.800 millones en los últimos cuatro años

Una persona dependiente, con su cuidadora.
Una persona dependiente, con su cuidadora.
  • El Observatorio estatal denuncia que unas 125.000 personas murieron en la última legislatura sin recibir ayuda

Menos personas y, sobre todo, mucho dinero. Ese es el balance que hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de la última legislatura. Cuatro años que lo único que ha servido es para “retroceder tres años” en todos los servicios, según destaca José Manuel Ramírez, presidente de este organismo que publica el Observatorio Estatal para la Dependencia.

Según este estudio, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. “Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad”, destaca el informe.

Un 67% de las personas dependientes (796.109) reciben algún tipo de ayuda; el resto (384.326 ciudadanos, un 33%) está en la lista de espera. De este grupo, un 27% son dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509). No obstante, el año pasado, especialmente a partir de la segunda mitad del año, por fin se vuelven a producir incrementos significativos de personas atendidas, coincidiendo con la entrada al sistema de todos los dependientes con Grado I.

“Habrá que valorar más adelante si se trata de un espejismo provocado por la entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales normalizados, o si realmente hay un cambio de tendencia”, apunta el estudio, que también establece en 125.000 el número de personas dependientes que han fallecido sin poder acceder a las ayudas. “Es una estimación conservadora”, comenta Ramírez.

Por otra parte, los responsables de los gerentes de Servicios Sociales se han mostrado muy críticos con la financiación de la ley, que ese está incumpliendo porque las comunidades y el Gobierno no están pagando a partes iguales el sistema de dependencia. “Debido al modeo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo”, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las regiones del 77,4%.

Precisamente, el Observatorio denuncia “las gravísimas desigualdades entre territorios”. Castilla y León y Andalucía sacan un notable; País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se sitúan entre el cinco y el notable. El resto suspende, destacando el cero de la Comunidad Valenciana.

El Observatorio indica además que la dependencia es un buen negocio. Sin contar los beneficios que tiene para las personas que necesitan una ayuda para poder llevar una vida digna, la ley que impulsó a este sector da trabajo de forma directa a 182.000 personas. La ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público es de 35. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos nuevos con un incremento del gasto público de 1.631 millones anuales. Se gastarían al año 2.643 millones y se recuperaría casi la mitad (1.012 millones). Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste-eficiencia y sin calcular los retornos inducidos. A pesar de estas cifras, en la legislatura pasada se perdieron 2.865 millones considerando la supresión del niverl acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares.