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Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE./ Archivo
Las acusaciones piden hasta 21 años de cárcel para Díaz Ferrán por la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans
tribunales

Las acusaciones piden hasta 21 años de cárcel para Díaz Ferrán por la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans

También reclaman que, junto al ‘liquidador’ De Cabo y el resto de acusados, indemnicen con más de 410 millones a los acreedores

J. A. BRAVO

Martes, 1 de abril 2014, 15:33

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Paradigma de la generación y agravación continuada dolosa (es decir, con la voluntad deliberada de cometer un acto ilícito) de una insolvencia». Con estas palabras tan severas, aunque puedan sonar rimbombantes, la administradora concursal del otrora emporio turístico de Viajes Marsans dejaba claro meses atrás que lo ocurrido con esta compañía rayó, cuanto menos, la línea de la ilegalidad. Así lo confirmó el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional, cuando dictó el auto de conversión en procedimiento abreviado de las diligencias que abrió en 2012 por estos hechos y que han concluido con la imputación formal de una decena de personas, encabezadas por Gerardo Díaz Ferrán.

A raíz de aquella resolución, las distintas acusaciones personadas en el caso han ido ultimando sus escrito de calificación, donde piden penas de hasta 21 años de cárcel para el que fuera, además de dueño de Marsans, presidente de la CEOE -es decir, de las gran patronal-, acusado de los delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible. A su vez, el liquidador de empresas Ángel de Cabo y su mano derecha, Iván Losada, se enfrentan a penas de otros 22 años de cárcel como presuntos responsables, además, de sendos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Aunque todavía restan por conocerse algunos escritos entre ellos, el de la Fiscalía Anticorrupción- antes de que el juez instructor del caso, Eloy Velasco, dicte la apertura de juicio oral, una de las principales acusaciones -la que representan los grupos turísticos Orizonia, AC Hoteles y Meliá- ha cuantificado en 413 millones de euros la indemnización a la que deberían hacer frente en caso de ser finalmente condenados- los imputados, entre quienes figuran también uno de los hijos del expatrono de los empresarios, Gerardo Díaz Santamaría; la mujer, el cuñado y la secretaria de Ángel de Cabo; así como dos testaferros.

Dicha suma, que se justifica tanto por los créditos que Marsans dejó pendientes de pagar como por los intereses correspondientes y los gastos de ejecución de las deudas, coincide en líneas generales con las conclusiones de la referida administración concursal (declarada en junio de 2010), que cuantificó en 419 millones el déficit patrimonial del antiguo grupo turístico fruto de las reclamaciones de 19 entidades financieras y 28 empresas- frente a un activo que apenas llegaba a los 5,6 millones. La novedad es que dicha acusación también extiende al grupo aeronáutico Airbus y al Banco Sabadell parte de la responsabilidad civil -de forma solidaria- para responder por un total de 100 millones de dólares (91 y 9, respectivamente), al considerar que sacaron un provecho indebido de los negocios jurídicos que se produjeron para el vaciamiento fraudulento de la compañía que presidía Díaz Ferrán.

«Irregularidades contables relevantes», «salida fraudulenta» de bienes propiedad de Marsans entre junio de 2008 y junio de 2010, actos jurídicos dirigidos a «simular» una situación patrimonial «ficticia» e «inexactitudes graves» en la documentación aportada al concurso de acreedores son algunas de las conductas que, según la justicia, avalarían la responsabilidad de Díaz Ferrán y sus colaboradores. En el caso de la jurisdicción mercantil, ya fueron suficiente para declararles en junio del año pasado culpables de la quiebra dolosa del grupo.

Patrimonio real ocultado

Díaz Ferrán y De Cabo, especialista en sacar provecho de empresas en quiebra, se encuentran en prisión preventiva desde diciembre de 2012, al no haber satisfecho las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional pese a haber sido rebajadas en varias ocasiones hasta los 10 y tres millones de euros, respectivamente. Según la Policía, la venta en junio de 2010 de Marsans a Possibilitum Business no fue más que un mero artificio para vaciar a la primera y ayudar al que fuera presidente de la CEOE a ocultar en el extranjero su patrimonio, fundamentalmente a través de varias transferencias bancarias cruzadas a Suiza y otros paraísos fiscales.

Según uno de los últimos informes presentados al instructor del caso por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Gerardo Díaz Ferrán -quien ya fue condenado en diciembre pasado a dos años y dos meses de cárcel, además de una multa de 100 millones de euros, por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas- oculta a nombre de sociedades interpuestas y distintos testaferros un patrimonio inmobiliario valorado en 87,94 millones de euros, buena parte ya embargado por la justicia. Los agentes enumeran más de una veintena de propiedades cuyo verdadero beneficiario sería el exdueño del citado grupo turístico.

Uno de los bienes más singulares que seguiría controlando en la sombra Díaz Ferrán es un castillo situado en la finca toledana El Alamín, declarado bien de interés histórico-artístico y valorado en 40 millones de euros. También forman parte del patrimonio del empresario, según la policía, sendos apartamentos en Nueva York, Marbella y Menorca, además de un chalet en Mallorca ya vendido por siete millones para pagar a los acreedores. Sólo en Madrid dispone de un piso en el cotizado barrio madrileño de Salamanca -amén de su chalé en la zona noreste de la capital-, varias plazas de garaje y locales comerciales. Cuenta, además, con distintos solares e incluso varias gasolineras.

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