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El duque de Palma, Iñaki Urdangarin. / Efe | Europa Press
Anticorrupción acusa a Urdangarin de tres nuevos delitos fiscales y pide que vuelva a declarar
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Anticorrupción acusa a Urdangarin de tres nuevos delitos fiscales y pide que vuelva a declarar

Hacienda “constata indicios racionales” de que el duque defraudó más de 120.000 euros al año durante 2007 y 2008

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Lunes, 4 de marzo 2013, 16:26

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El panorama judicial de Iñaki Urdangarin no deja de ensombrecerse. Anticorrupción ha imputado hoy al duque tres delitos fiscales diferentes y reclama que el yerno del Rey y su exsocio Diego Torres vuelvan al declarar en los juzgados de Palma para aclarar esas supuestas defraudaciones, superiores siempre a los 120.000 euros (delito y no falta).

Según el escrito dirigido por el fiscal Pedro Horrach al instructor, el informe de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, que le fue entregado ayer mismo, revela la existencia de indicios racionales de haberse cometido delitos contra la Hacienda Pública por parte del Instituto Nóos en 2007 y por parte de Urdangarin, individualmente en 2007 y 2008. De considerarse como tres delitos diferentes (y no uno continuado) estos ilícitos estarían penados con hasta quince años de cárcel.

El informe de Hacienda asegura que Noos "eludió una cuota" de 230.979 euros por el Impuesto de Sociedades en 2007.

En cuanto Urdangarin como persona física dejó de pagar a la Hacienda Pública en 2007 y 2008 una cuota superior a 120.000 euros. El fiscal asegura en su escrito en el que reclama que declaren los dos exsocios que Urdangarin, en los ejercicios 2007 y 2008 percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero que, sin embargo, eran facturadas a través de las mercantil Aizoon, como sociedad pantalla que utilizaba para ocultar al verdadero perceptor de las retribuciones y disminuir su tributación en el IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con la actividad y aplicándose un tipo inferior.

Anticorrupción destaca que Aizoon era una tapadera, porque la empresa de la que son titulares Urdangarin y la infanta Cristina, una inmobiliaria, no era idónea para los servicios que supuestamente prestaba (asesoría a grandes empresas).

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