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La tarjeta de los 'sin papeles' vascos no tendrá validez nacional

SANIDAD | PAÍS VASCO

La tarjeta de los 'sin papeles' vascos no tendrá validez nacional

Sanidad respeta el dictamen del TC tras apelar el gobierno vasco, que alertaba de que la no atención aumentaría la propagación de enfermedades

18.12.12 - 22:17 -
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Un médico atiende a un paciente chino. / Archivo | Atlas
El País Vasco tendrá vía libre para dar tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero no será operativa en las demás comunidades autónomas. Así se han pronunciado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han incidido en que el gobierno vasco no podrá conceder a los "sin papeles" una tarjeta sanitaria "única e interoperable" a nivel nacional.
Las fuentes han señalado que respetan el auto del Tribunal Constitucional (TC) que avala la decisión del gobierno vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles pero mantiene la suspensión cautelar de las medidas autonómicas relacionadas con el copago farmacéutico. Según han explicado las fuentes, el Gobierno no se ha opuesto en ningún momento a que se preste atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, sino a que se les otorgue la consideración de asegurados. De hecho, han recordado que todas las comunidades, en el ámbito de sus competencias, han arbitrado alguna fórmula para poder atender a estas personas.
Ese decreto fue recurrido por el Gobierno central, y el Tribunal Constitucional decidió el pasado julio suspender de manera cautelar el mismo antes de decidir sobre el fondo del recurso. Ahora el Tribunal ha acordado levantar la suspensión cautelar sobre algunos de los preceptos recogidos en ese decreto vasco. En concreto, sobre el derecho a que los inmigrantes sin papeles puedan ser atendidos en el sistema de salud público vasco, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.
Propagación de enfermedades
El pleno del Tribunal Constitucional atiende a los argumentos del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad". La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público.
El Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado no concreta cuáles son esos perjuicios económicos, "seguramente porque ello no sea posible, entre otras razones, al poder darse la eventualidad de que se produzca sencillamente una transferencia de gasto de la atención primaria a la atención de urgencias". Asimismo, afirma que el "derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de los inmigrantes sin papales y la "conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional" que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".
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