El portavoz de Facua -Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. / Juan Ferreras (Efe) | Europa Press
El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este lunes el "chantaje" y las "amenazas" del Gobierno para que retire de su web las campañas contra los recortes sociales y ha asegurado que no se van a "arrodillar ante ningún gobierno por un puñado de euros". En una rueda de prensa en Sevilla, el portavoz de Facua, que en la región de Murcia está representado por Consumur, ha informado de la carta que le remitió el pasado viernes la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, en la que le advertía de que será excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Usuarios si no retira de su web campañas contra los recortes que afectan a educación y sanidad.
Rubén Sánchez ha exigido a la secretaría general, a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, y al Gobierno en general una "rectificación" de la carta, que es un "insulto a la democracia, a la libertad de expresión y de asociación", y ha asegurado que no darán marcha atrás a esas campañas que "han escocido" al Gobierno. Ha reconocido que la exclusión de dicho registro le supondría dejar de percibir subvenciones del Ministerio de Sanidad, pero ha asegurado que "no tienen ningún miedo" porque, aunque les hará daño, "no nos hundirá", ya que la supervivencia de Facua "no depende de las subvenciones" sino que también se sostiene con las cuotas de sus 100.000 socios, ha alegado.
Según Rubén Sánchez, FACUA es de las quince organizaciones de consumidores estatales que menos dinero recibe del Gobierno (en 2011 fueron 290.000 euros), si bien también obtiene fondos de los gobiernos autonómicos de las comunidades en las que está implantada, como en el caso de Andalucía, aunque no ha cuantificado el porcentaje que suponen las subvenciones en su presupuesto total. En el año 2008, FACUA recibió 120.000 euros, cantidad que se elevó a los 224.056,81 en 2009 y, al año siguiente se situó en los 289.868 euros, según datos del Instituto Nacional de Consumo (INC) a los que ha tenido acceso Efe. Así, entre 2008 y 2011 recibió 923.924,81 euros.
Cumplir los requisitos
Fuentes del Ministerio de Sanidad han insistido hoy en que este departamento no tiene ninguna intención ni interés en ilegalizar a ninguna asociación, pero han incidido en que el registro de asociaciones de consumidores y usuarios tiene unos requisitos y hay que cumplirlos, y en que si una organización no lo hace puede constituirse como asociación, pero al margen de ese registro. En la conferencia de prensa celebrada hoy, Sánchez ha agradecido el apoyo a través de las redes sociales, el expresado por IU y por el gobierno andaluz y ha confiado en que el PP se sume; también otras organizaciones de consumidores como UCA-Andalucía han respaldado hoy a Facua.
Los gobiernos, sean del color que sean, siempre han discriminado a Facua respecto a otras organizaciones por ser "demasiado crítica", según Rubén Sánchez, que ha denunciado que es la primera vez que una organización ciudadana sufre este tipo de "amenaza y chantaje".
Ha defendido el derecho de Facua a denunciar las "agresiones" contra los ciudadanos porque es "mucho más que una organización de tramitación de quejas, es un movimiento social", que, a su juicio, puede hablar de todo lo que afecta los servicios públicos como las subidas de tasas de la justicia, las universitarias, la eliminación de la sanidad para los inmigrantes irregulares y el copago farmacéutico o "medicamentazo".
Ha incidido en que ninguna ley relativa a los consumidores y al consumo prohíbe defender los derechos de los usuarios y hablar de los servicios públicos y, por tanto, si el gobierno expulsa del registro a Facua "será el que vulnere la ley a sabiendas, no Facua", ha apostillado. En este sentido, ha argumentado que el Ministerio le pide opinión sobre el "medicamentazo" y, sin embargo, ahora dice que es ilegal la campaña de Facua en contra de dicha medida. Facua acudirá a los tribunales si el gobierno finalmente la excluye del registro, y no descarta también ir a los tribunales de Bruselas porque se da una vulneración de normativa básica de la UE.
