El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. /Archivo
Aplazan las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo, ha rechazado resolver sobre la petición de pruebas formulada por la defensa hasta que la Sala confirme o no el auto en el que se ratifican los indicios para sentar en el banquillo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Según el auto, las peticiones de prueba que formula Garzón "conciernen a cuestiones todas ellas suscitadas en el recurso de apelación y que, en consecuencia, quedan sometidas a la decisión de la Sala que ha de resolver el recurso".
Añade Varela que la decisión que adopte la Sala sobre este asunto -ya que puede ratificar los indicios que existen contra Garzón o bien archivar la causa- "puede devenir una referencia para formar criterio sobre la admisibilidad o no de las diligencias interesadas incluso, de estimarse la apelación, las haría inútiles".
Por todo ello, Varela remite a la Sala tanto los escritos de Garzón en los que se le urgía a resolver sobre la admisión de pruebas como los presentados por la Fiscalía y las acusaciones populares (estas últimas pidiendo que se rechazaran), e insiste en que no ha lugar a resolver ahora sobre ellas y que lo hará "una vez se de cuenta de la decisión de la Sala sobre la apelación interpuesta".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho pública una declaración institucional exigiendo a los responsables políticos el
máximo respeto a la función de los jueces y advirtiendo del "inmerecido efecto deslegitimador" que las manifestaciones vertidas en los últimos días pueden provocar en relación a un poder básico del Estado.
La declaración, que será leída en un acto público al que tiene previsto acudir en Valencia la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, no hace mención a ningún mandatario en concreto, pero se producen después de que ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
elogiara la "valentía" frente a ETA del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inmerso en tres causas penales en el Tribunal Supremo.
Un apoyo al que ha venido a unirse el del presidente del Senado, Javier Rojo, quien ha expresado su "admiración" por Baltasar Garzón y ha dicho sentirse "orgulloso" porque España cuente con un juez que se ha enfrentado a "situaciones dificilísimas" en materia de terrorismo o narcotráfico.
La declaración señala que, "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional" el CGPJ, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión", exige también "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles"
Añade la declaración que los jueces "cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar".
Clima sereno
El Consejo reitera además "que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio", y que éste clima "resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un poder básico del Estado".
Por todo ello, el máximo órgano de gobierno de los jueces considera "indispensable" que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, "se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso".