EL CRISOL
El recibo de la luz
No se equivocaba la escritora Anaïs Nin cuando sentenció con pluma y papel que «la memoria es una gran traidora». Y la memoria no sólo traiciona la verdad cuando tergiversa los recuerdos en el interior del cerebro y los adapta a las conveniencias de cada uno, sino, también, cuando los olvida de manera lastimosa.
Corría el año 1996 cuando el Gobierno de España planteó un plan de privatizaciones, atendiendo a las necesidades del proceso de integración europea y a la convergencia hacia una moneda común, que entraría finalmente en vigor en el 2002. Desde la implantación del dichoso euro, los precios ha ido creciendo de forma exponencial hasta dejar esquilmados los bolsillos del sufrido ciudadano. Pero esa es otra historia.
El Estado malvendió al sector privado las 'joyas de la corona', descapitalizó los activos de todos los españoles y propició que las grandes fortunas de una década antes engordaran aún más sus cuentas de beneficios. Pero esa es otra historia.
Como el término «privatización» le parecía al Gobierno de turno demasiado explícito, buscó un sinónimo más neutro e ininteligible: «liberalización».
Con la disculpa de generar competencia -lo que, en teoría, iba a redundar en un abaratamiento de las tarifas-, la privatización de la energía eléctrica fue, para más inri, subvencionada por el Estado con la nada despreciable suma de 1,3 billones de las antiguas pesetas. Botín -acordémonos- que todos los usuarios financiamos a través del fastidioso recibo de la luz, bajo el epígrafe de «costes de transición a la competencia». Si alguien no recuerda tal sangría, cualquier factura bimensual le refrescará la memoria.
Una década después, la Comisión Nacional de Energía propone elevar el precio de la luz hasta el 11,3 por ciento. Y, lo que es peor, el Gobierno -con alguna rebaja- va a colmar su petición, pese a los beneficios milmillonarios que acumulan las empresas del sector.
Maldita memoria.
Corría el año 1996 cuando el Gobierno de España planteó un plan de privatizaciones, atendiendo a las necesidades del proceso de integración europea y a la convergencia hacia una moneda común, que entraría finalmente en vigor en el 2002. Desde la implantación del dichoso euro, los precios ha ido creciendo de forma exponencial hasta dejar esquilmados los bolsillos del sufrido ciudadano. Pero esa es otra historia.
El Estado malvendió al sector privado las 'joyas de la corona', descapitalizó los activos de todos los españoles y propició que las grandes fortunas de una década antes engordaran aún más sus cuentas de beneficios. Pero esa es otra historia.
Como el término «privatización» le parecía al Gobierno de turno demasiado explícito, buscó un sinónimo más neutro e ininteligible: «liberalización».
Con la disculpa de generar competencia -lo que, en teoría, iba a redundar en un abaratamiento de las tarifas-, la privatización de la energía eléctrica fue, para más inri, subvencionada por el Estado con la nada despreciable suma de 1,3 billones de las antiguas pesetas. Botín -acordémonos- que todos los usuarios financiamos a través del fastidioso recibo de la luz, bajo el epígrafe de «costes de transición a la competencia». Si alguien no recuerda tal sangría, cualquier factura bimensual le refrescará la memoria.
Una década después, la Comisión Nacional de Energía propone elevar el precio de la luz hasta el 11,3 por ciento. Y, lo que es peor, el Gobierno -con alguna rebaja- va a colmar su petición, pese a los beneficios milmillonarios que acumulan las empresas del sector.
Maldita memoria.
