El nuevo Gobierno municipal acaba de adjudicar una parcela pública a la oferta que más vivienda protegida proponía: el 66% del total, 96 de las 144 previstas. Las 96 serán de precio pactado, ese eufemismo que las nuevas leyes de suelo han puesto sobre el papel para permitir que los ayuntamientos sigan financiándose a costa de la vivienda con la conciencia tranquila. A saber, un piso a precio pactado de 90 metros con trastero y garaje cuesta unos 185.000 euros (casi 31 millones de pesetas) y a él se puede acceder prácticamente sin límite de ingresos (hasta 8 veces el antiguo SMI, más de 800.000 pesetas al mes). Es decir, que de social sólo tiene el nombre.
Pero lo que más me llama la atención es que quienes desde la oposición, los socialistas, advertían de que lo que había que hacer es vivienda realmente protegida (régimen especial y general que, por cierto, con la última revisión de coeficientes subieron más que la libre) asumen ahora a la primera de cambio el discurso contrario y celebran (sic) que «la parcela se haya adjudicado a una propuesta de supuesta vivienda protegida que duplica con creces el mínimo del 30% exigido por la Ley del Suelo». La pregunta es si el que gana más con el pacto -por lo de precio pactado- es el promotor que edifica en suelo municipal, el Ayuntamiento con los 13 millones de euros que se embolsa o los que van a pagar los más de 30 kilos por los pisos.
Ahora bien, para morro, el de la jefa de la oposición municipal, Cuca Gamarra. No satisfecha con que tengamos que pagar todos más de 13.000 euros a la ex gerente de Logroño Turismo gracias a una inmoral cláusula contractual que le hizo el PP, tiene los arrestos de acusar al actual Gobierno de perjudicar el erario por resolver la relación laboral de un cargo que, como es lógico, se debe ir con el dedo que la puso. Buen comienzo para la aspirante a alcaldesa.
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