No sería justo negarles que, en parte, les asiste la razón. La política es vocacional y sólo unos pocos -siguiendo el argumento de los servidores públicos, como les gusta ser llamados- están dispuestos a entregarse a tan absorbente tarea. Por ello es probable que, como reclaman, los ciudadanos deban zafarse de prejuicios para comprender que es necesario mejorar las condiciones económicas de sus representantes institucionales.
Ahora bien (petición por petición), ellos también deberían hacer un esfuerzo. El de asumir que toda mejora de sus salarios debe estar regulada por unas reglas que respondan a unos criterios justos y razonables. Aplicarse subidas del 76% como en el Ayuntamiento de Arnedo es, a los ojos de la gente de la calle, ofensivo, abusivo e indecoroso. Y lo es porque no tiene comparación alguna con la evolución media de los salarios de los trabajadores, que esa sí que es rácana. Y si a eso se añade el encarecimiento atosigante de las hipotecas, a nadie le debería extrañar el cabreo con el que los ciudadanos reciben las noticias -sensacionalistas, faltaría más, según juzgan algunos políticos- sobre las subidas salariales de sus munícipes.
Pues en sus manos está evitarse más desazones. Reúnanse, negocien unas normas que darse y alcancen un acuerdo para dignificar sus salarios racionalmente. A eso los demás lo llamamos convenio colectivo. Que además, qué duda cabe, en su caso seguro que saldría adelante por unanimidad.
- Región
