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Por el momento, la Consejería de Desarrollo Económico duda de la viabilidad de los planes de Topten. Cuando esta empresa presentó en público en febrero su primer proyecto para La Rioja, la Consejería solicitó a la Ader y a una consultora privada un informe sobre la nueva compañía. Entre las conclusiones de este estudio, los autores destacaban que Topten «carecía de un plan de negocio ortodoxo» y que «las partidas de gasto no están estudiadas». En resumen, el plan presentado por la firma cántabra no era «mínimamente riguroso», según el Gobierno regional.

En aquella propuesta, que entró en el Registro Oficial de La Rioja el 12 de febrero, Topten auguraba la creación de 2.500 puestos de trabajo en los terrenos de Fuenmayor y de otros 1.500 relacionados con estos en otras zonas de España. La inversión prevista alcanzaba los 1.500 millones de euros. Unas semanas después, sus planes ya eran más modestos. En otra propuesta, registrada el 6 de marzo, Topten rebajaba sus peticiones a 15.000 metros cuadrados y abría la puerta a buscar otro emplazamiento en La Rioja. La opción de Haro surgió entonces con fuerza.

Incluso ayer, el Gobierno había preparado una lista con cinco nuevos emplazamientos en La Rioja Alta y en La Rioja Alta para la fábrica de Topten, pero no pudo presentarla ante sus interlocutores porque éstos volvieron a centrar sus peticiones en Fuenmayor. Esta empresa exigió al Gobierno los terrenos de Electrolux para instalar su factoría, que al igual que la de Rioja Energías Alternativas, produciría paneles solares.

El Gobierno no quiso entrar a dirimir qué empresa debe producir en Fuenmayor (el caso se encuentra en los tribunales tras una demanda presentada por Rioja Sun Energy contra Electrolux) y centró la reunión en solicitar a Topten una cita con un ingeniero o con un economista si de verdad desean instalarse en La Rioja. Para conocer la viabilidad de la propuesta de Topten, el Gobierno quiere conocer la opinión de técnicos especialistas, pero al encuentro de ayer acudieron dos empresarios, Fernando Ortega y José Manuel García, y el abogado de la empresa, Juan Luis Portillo.