La historia - según está acreditado en la propia sentencia de la Sala de lo Social- comenzó en noviembre del 2003, cuando los médicos del San Millán detectaron un tumor maligno en el hígado de Miguel Ángel, que fue derivado al Hospital de Valdecilla para ser sometido a una operación. «Pero el cirujano me abre y me cierra sin más, y les dice a mis hijos que en dos o tres meses me toman medida del traje y me voy al otro barrio», recuerda Miguel Ángel.
«Lo que hago entonces es ir a la Clínica Universitaria de Navarra para pedir una segunda opinión. Allí me explican que la cosa es grave, pero que su experiencia les dice que se puede llegar a curar». El plan de los médicos del centro privado consiste en unas sesiones de quimioterapia y el posterior implante de unas microesferas de itrio-90.
A su vez, el Servicio Riojano de Salud -según consta en la sentencia- envía a Miguel Ángel al Clínico de Barcelona, donde se le dice al enfermo que la única solución es probar con el tratamiento indicado en Pamplona. Y así lo hizo.
Tras someterse a la terapia disponible en la Clínica Universitaria de Navarra y gastar en ella 20.020,72 euros, el informe de Oncología del 10 de mayo del 2005 señala que «una vez completado el tratamiento con esferas de itrio-90, se informa de que el señor Castillo se encuentra con buen estado general, vida activa y ninguna sintomatología relacionada con la enfermedad de base».
Recuperada la salud y el ánimo, Miguel Ángel inicia su lucha judicial para poder recuperar el dinero desembolsado. Él cree que lo justo sería que el Seris le revirtiera esa cantidad, «teniendo en cuenta que lo que yo he tenido que hacer es pagar de mi bolsillo una terapia de la que ellos no disponen». «¿Para qué he pagado toda mi vida a la Seguridad Social?», se pregunta indignado.
Una primera sentencia (del Juzgado de lo Social número 1) dio la razón a Miguel Ángel, pero el Seris recurrió y elevó el caso a la Sala de lo Social, que ahora se ha pronunciado en su contra.
El juez reconoce un su fallo que «el Servicio Público de Salud no ofreció al enfermo ninguna posibilidad de tratamiento una vez agotado el convencional», pero estima que su decisión de acudir a la Clínica Universitaria fue una «decisión propia», y allí se le sometió a una terapia «no cubierta por la sanidad pública, inexistiendo por tanto el derecho a la prestación».
Miguel Ángel no entiende los argumentos del juez. «Sólo sé que si no llego a disponer de ese dinero ahora estaría enterrado, y que soy un pobre ciudadano con 700 euros de pensión que sigo pasando revisiones y he de pagarlas de mi bolsillo si quiero seguir vivo para ver las injusticias que se cometen en este país».
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