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Según se relata en el escrito de acusación pública, en octubre del 2005, D. B. conoció a su víctima en la ciudad rumana de Tirgoviste y le propuso viajar a España para trabajar como empleada de hogar o en el sector de la hostelería. La joven aceptó confiada en la veracidad de la propuesta y con la finalidad esencial de poder costear la operación de su hija, de ocho años de edad, que padecía un problema ocular.

Acusado y víctima cruzaron la frontera española el 29 de octubre del 2005. Desde ese mismo momento D. B. advirtió a la joven de que debía hacer todo lo que él le mandara, le quitó el pasaporte y le exigió que le devolviera cuanto antes el dinero gastado en el viaje. A continuación contactaron con la acusada E. M. P, novia del imputado, y los tres se desplazaron hasta el Club Rioja, de Rincón de Soto. Una vez allí, mientras E. M. P. se instalaba en una habitación del local de alterne, el hombre llevó a la víctima a una zona descampada próxima y, amedrentándola con un cuchillo y golpeándola, la violó por vía bucal, vaginal y anal.

Bajo amenazas

A partir de ese momento -continúa el escrito del fiscal- la víctima ejerció la prostitución en el citado club en contra de su voluntad, bajo la amenaza constante de D. B., la vigilancia de E. M. P, y en una situación de completo desamparo. La novia del acusado controlaba la actividad de la víctima supervisando el número de clientes que atendía, contabilizando el dinero obtenido y dándole instrucciones sobre cómo debía trabajar. Si en algún momento la joven no obedecía, E. M. P. la amenazaba con contárselo al acusado. Incluso en una ocasión esta mujer le arrebató el teléfono móvil a la víctima cuando le sorprendió llamando a Rumanía. Todo el dinero que la joven cobraba a sus clientes -especifica el fiscal- pasaba por manos de E. M. P. y acababa en las de D. B.

El 15 de noviembre del 2005, la víctima logró huir del Club Rioja gracias a la ayuda de terceras personas y acudió de inmediato a la Policía para denunciar los hechos. Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a la pareja de acusados pocos días después, mientras la joven pasaba a ser considerada testigo protegido.

Además de los 18 años y medio de cárcel, el representante del Ministerio Público solicita que D. B. sea condenado a pagar 50.000 euros a la víctima en concepto de reparación del daño moral causado. De igual forma, propone que la novia abone 6.000 euros como indemnización.