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Esta medida, acordada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tiene como objetivo lograr una regulación correcta y garantizar los derechos de las personas que aparecen en las imágenes. Y es que la obsesión por la seguridad y, por tanto, el incremento en la utilización de videocámaras, ha ido en paralelo al aumento de las denuncias y consultas que los ciudadanos han expresado ante la AEPD.

«Los sistemas de almacenamiento de imágenes tienen unas limitaciones. Deben estar ubicados en zonas que no vulneren la intimidad de las personas y nunca, por ejemplo, en aseos», apuntan desde el departamento de seguridad privada de la Jefatura Superior de Policía.

De puertas para dentro

En La Rioja existen 22 empresas autorizadas que prestan servicios de seguridad privada; no obstante, pueden operar otras firmas que sin tener instalaciones físicas en esta comunidad, su ámbito de actuación sea nacional. «Sólo las empresas autorizadas, tras obtener el permiso policial, pueden instalar las cámaras de seguridad, deberán hacerse cargo de su mantenimiento y, por tanto, de la instalación de los carteles indicadores de la existencia de cámaras», apuntan desde la policía. Estos sistemas instalados cada día con más profusión, no pueden enfocar zonas exteriores de tránsito público; sólo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «previa autorización de la Delegación del Gobierno, con limitación temporal y territorial, podrán hacerlo», aseguran.

Para Ángel Lozano, delegado de Prosegur en La Rioja, empresa que gestiona la vigilancia del 39% de empresas riojanas y que «está actuando según las indicaciones de la AEPD, la medida redunda en la tranquilidad de los ciudadanos, les aporta conocimiento de un tema que estaba sin regular y se está regulando poco a poco».