Tal y como informó este diario en su día, la cooperativa se negó, al considerarlas contrarias al Reglamento de la Denominación, a aceptar las normas de campaña aprobadas por la mayoría del pleno del Consejo para el año pasado, que impedían que entrase en las bodegas de la Denominación más del 110% de uva sobre los derechos máximos reconocidos en las cartillas de los viticultores. Así las cosas, la cooperativa de San Vicente decidió hacer lo mismo que todos los años y admitir toda la uva de sus socios, si bien el exceso sobre ese 110% no se llegó a elaborar, sino que se vendió a una bodega de vino de mesa que se llevó los remolques a Jumilla.
El caso es que el Consejo Regulador bloqueó las tarjetas magnéticas de socios de la bodega, aunque los veedores constataron manualmente que las entregas de uva eran correctas e incluso la venta de las partidas excedentarias (superiores al 110% de rendimiento) a la bodega de vino de mesa.
Posteriormente, los Servicios Jurídicos iniciaron la apertura de expedientes sancionadores, que, según pudo saber ayer este periódico, suman más 600.000 euros como propuesta. En este sentido, el Consejo Regulador, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, sólo es competente para resolver expedientes con propuestas de sanción por una cuantía máxima de 3.000 euros, por lo que la resolución sancionadora deberá ser dictada por el departamento que dirige Elena Espinosa. Una vez que esta se produzca, la cooperativa podrá recurrir en vía administrativa y, en caso de ser denegado, en los tribunales de justicia. Normas de campaña
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