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Ayer, el secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá, primero de los expedientados, explicó ante la asamblea la situación de la asociación, que «seguirá luchando por los derechos de todos los guardias civiles». «Aunque abran 20 ó 200 expedientes no van a llegar a la solución, sino a incrementar el problema», enunció.

Perpinyá destacó la «ruptura de relaciones producida tras la concentración con el delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia, y la Ejecutiva del PSOE, cuya decisión de romper relaciones con AUGC y no reunirse con nosotros parece que colisiona con el talante de diálogo que pregonan» e instó a recuperar estas relaciones para «llegar a acuerdos».

La AUGC reclama una nueva Ley Orgánica de Derechos y Deberes y una modificación de la Ley Disciplinaria que garanticen «una democratización de la Guardia Civil». «Es necesario cambiar la estructura interna y garantizar los mismos derechos que en otros Cuerpos, no los que tenemos desde hace 28 años, antes de la Constitución», indicó Perpinyá.

Reclamaciones riojanas

Para La Rioja, el secretario general reclamó una reunión con el coronel jefe, «que no atiende a los escritos de la AUGC, lo que demuestra el desprecio absoluto hacia los subordinados, y más cuando AUGC aglutina al 71% de los guardias civiles de La Rioja», indicó.

Además, la asamblea también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el estado de los cuarteles, «un problema estructural que afecta a toda España», aunque puso los ejemplos de los acuartelamientos de Torrecilla en Cameros, Santo Domingo de la Calzada y Calahorra como los de instalaciones «en un estado de conservación muy malo».