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Actuar contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera) «ni se plantea ni entra en los planes» del Gobierno. Así de explícitos se muestran en La Moncloa al responder sobre la solicitud del PP. Fuentes gubernamentales señalaron que no entra en sus cálculos impulsar la ilegalización porque no ven motivos para hacerlo. No hay indicios de que esa formación actúe a los dictados de Batasuna y mucho menos a los de ETA, sostuvieron las fuentes, que precisaron que el hecho de que los diputados de ese grupo en el Parlamento vasco se hayan reunido «cuatro o cinco veces» con dirigentes del partido ilegal «no quiere decir nada».

La opinión gubernamental está apuntalada en los informes del Ministerio del Interior, que no han detectado una relación de dependencia de EHAK respecto a Batasuna, y en autos judiciales, como el del juez Baltasar Garzón del pasado martes, en el que descartó la existencia de indicios que permitan pensar en una vinculación con ETA o con su aparato político de Ekin. «No se puede producir una cadena inacabable de suspensiones, ilegalizaciones o declaraciones de ilicitud si no hay indicios probatorios incontestables», señaló el juez en su escrito.

Una apreciación con la que coinciden incluso vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, que sostienen que una demanda para lograr la ilegalización está abocada al fracaso porque «no hay pruebas» que fundamenten esa decisión.

El Gobierno es consciente de que Batasuna podrá echar mano de las siglas EHAK para concurrir a las elecciones municipales si se mantiene empecinada en no cumplir la ley de partidos y conseguir su legalización. Fuentes gubernamentales creen que ese recurso será el último y que antes tratará de presentarse bajo otra denominación, izquierda abertzale o alguna similar.

Esa estratagema ya fue utilizada sin éxito por la formación ilegalizada en las últimas elecciones europeas y autonómicas, y, en consecuencia, en esta ocasión medirá más sus pasos para sortear los filtros de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Supremo. Cuenta a su favor, eso sí, con la sentencia del Constitucional que consideró de que la presencia de un número poco relevante de miembros de Batasuna en candidaturas de agrupaciones electorales no es motivo suficiente para anularlas.