El doctor le confirmó que el feto padecía el síndrome de Turner. Entregó a la interesada y a su esposo un puñado de folios donde se describían las peculiaridades de esta anomalía y les instó a subir a la cafetería del centro, leer el dosier y luego volver a hablar con él. «Rompí a llorar durante más de una hora», recuerda ahora esta calagurritana. «Las hojas contenían un listado enorme de las taras físicas que puede conllevar este síndrome. Hablaba de enanismo, esterilidad, infantilismo sexual y un montón de términos clínicos que ni siquiera entendía». Entonces hizo firme la decisión que ya había empezado a valorar en cuanto le advirtieron de que el feto no era normal: abortar. «El médico -prosigue Rebeca- insistió entonces en que no era para tanto, que no todos los síntomas se desarrollan y que los niños que nacen con este síndrome pueden vivir mucho tiempo». Rebeca y su pareja, sin embargo, no tenían dudas: «No pensaba en mí, sino en la hija de dos años que ya tenía y en la carga que le trasmitía si un día yo faltaba».
La confusión y el miedo de Rebeca se transformaron a partir de ese instante en rabia. «Cuando le preguntamos al médico dónde se me realizaría el aborto, si en Calahorra o en el San Millán, el médico nos dijo que la Seguridad Social no cubría estos casos. Le pedimos entonces que nos recomendara un centro y nos remitió a las páginas amarillas».
La joven emprendió entonces una doble carrera: contra la administración sanitaria, que le enviaba de un lugar a otro sin darle contestación, y contra el tiempo que aumentaba el periodo de gestación límite para practicar el aborto. La justicia reconoce ahora al SERIS la obligación de reembolsarle el coste de la intervención que finalmente se practicó en una clínica privada de Zaragoza.
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