Jueves, 15 de febrero de 2007
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EDUCACIÓN
La Defensora del Pueblo investigará la violencia en las aulas riojanas
Es la primera iniciativa a título personal de Díez Jalón desde que está en el cargo
La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha determinado iniciar un procedimiento de oficio para estudiar las posibilidades de actuación ante la problemática a la convivencia escolar en los centros docentes riojanos. La decisión adquiere un valor extra considerando que se trata de la primera vez que Díez Jalón hace uso de la potestad contemplada en la ley de emprender una actuación por iniciativa propia desde que tomó posesión a finales del año pasado. Hasta ahora, en los procedimientos emprendidos por la Defensora ha mediado la queja concreta de un particular o un colectivo afectado.
La Defensora del Pueblo investigará la violencia en las aulas riojanas
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CASOS RECIENTES
En noviembre del 2006 una alumna del Sagasta abandona el centro por el acoso de otros alumnos.

Una alumna del instituto D´Elhuyar fue expulsada temporalmente del centro por pegar a una compañera el 30 de enero.

El Juzgado de Menores acaba de condenar a cuatro chicos por agredir y amenazar a un alumno también en el instituto D´Elhuyar.

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Díez Jalón encuadra esta decisión en la voluntad de recabar la información precisa para alentar todas las posibles medidas. «Mi objetivo es tener el conocimiento directo del tema», indica. «A partir de ahí, se analizarán las posibilidades de actuación en aras a la consecución de la protección de los derechos individuales y colectivos dada la alarma social creada por los distintos supuestos de acoso escolar».

Para desarrollar esta labor, la Defensora ha cursado un requerimiento de información sobre el tema al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre. Díez Jalón insiste en cualquier caso en no circunscribir la coyuntura al terreno educativo, sino extenderlo a otros ámbitos «ya que cala en el conjunto de la sociedad».

Aunque los casos más recientes han reavivado el interés por la convivencia escolar, la inquietud de la Defensora del Pueblo Riojano por esta cuestión empieza a fraguarse en noviembre del año pasado. «Desde entonces vengo haciendo acopio notas e informaciones al respecto», reconoce.

El resultado final de la iniciativa emprendida ahora dependerá en gran medida de los datos que recabe por parte de la administración educativa y otras instancias. Todo apunta a que el trabajo se saldará con un informe extraordinario de la institución.

 
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