Otros dos alumnos comenzaron, sin aparente razón, a buscarle por el recreo y a decirle que cuando le 'pillasen' le iban a pegar. El día 28 de noviembre, uno de los menores le esperó para agredirle, aunque la presencia de profesores lo impidió, por lo que el menor realizó la primera denuncia.
Al día siguiente, junto a otro chaval de 14 años, abordó a la víctima y le comenzaron a propinar patadas y puñetazos e, incluso, uno de ellos sacó «un trozo de hierro de unos 25 centímetros con la intención de agredirle», como recoge la sentencia. Sin embargo, la fuga del pequeño le permitió salir indemne. Ese mismo día, los dos agresores, junto a otros dos chicos, rasgaron y quemaron la cazadora de la víctima «dejándola inservible».
Durante el juicio, celebrado la pasada semana, los cuatro acusados, en compañía de sus padres y abogados, reconocieron ser los causantes de las amenazas y las agresiones y aceptaron la pena que el Ministerio Fiscal solicitaba para ellos.
Los dos alumnos que pegaron a su compañero de instituto a la salida del centro han sido condenados a 12 y nueve meses de libertad vigilada «con la obligación de asistir a centro escolar hasta los 16 años y luego a un programa formativo laboral». Además, durante un año, ambos no podrán acercarse a menos de 100 metros de la víctima, su domicilio o lugar de estudio.
Para los otros dos alumnos que participaron en la quema de la cazadora, el Juzgado ha impuesto 30 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad «dedicadas al cuidado de las cosas».
Descontento familiar
La sentencia, que fue notificada el lunes a la familia, ha provocado su descontento. En primer lugar, según asegura la madre de la víctima, «no se han tenido en cuenta los daños morales causados a su hijo».
De la misma forma, la familia asegura que estos mismos jóvenes incendiaron el ascensor de su comunidad de vecinos mientras ellos no estaban presentes en su casa. Los daños, que superaron los 9.000 euros, fueron observados por un vecino que reconoció a los menores. Sin embargo, este punto no ha sido juzgado, por lo que los familiares se plantean recurrir el caso al entender que se trata de una pena menor y que realmente «no se ha entrado a valorar el asunto en profundidad».
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