Primero fueron el secretario general de la AUGC y el secretario de Comunicación. Ahora, 16 expedientes más se ciernen sobre los agentes que se encaramaron a la plataforma donde se lanzaron las proclamas de la Asociación, entre ellos podría estar Javier Torrellas, secretario de organización en La Rioja.«No sabemos qué va a pasar, pero denunciamos las persecuciones represivas contra las asociaciones profesionales como la AUGC», explica Torrellas.
El secretario general de la Asociación en La Rioja, Eduardo Salicio, asegura tajante que «en la Guardia Civil no hay libertad de expresión». Según él, «no se ha cometido ninguna ilegalidad en la concentración, porque estaba debidamente convocada y contaba con todos los permisos». «Tenemos derecho a portar el uniforme y no hicimos nada más», prosigue. En total, más de 100 guardias civiles y familiares de los acuartelamientos riojanos se desplazaron a Madrid para la manifestación.
Sin embargo, casi diez días después de la manifestación comenzaron a abrirse los expedientes que ahora amenazan a los agentes. La sorpresa es que ninguno de los 16 expedientes han sido comunicados a los agentes. «La denuncia hay que notificarla, no entendemos qué sucede ni qué buscan», explica Salicio.
Los expedientes se han abierto por «conductas gravemente contrarias a la disciplina», un artículo calificado como «cajón de sastre» porque no tipifica el presunto delito. Lo que sí está claro son las sanciones por este artículo del reglamento: separación de servicios, pérdida de puestos en el escalafón o suspensión de empleo y sueldo hasta un año, las más graves que existen en el cuerpo. «Podrán sancionarnos, pero cualquier tribunal revocará la decisión porque no se ha cometido ningún delito», reflexiona Salicio.
Más afiliados
La concentración ha tenido sus resultados. Hasta el día 20, la AUGC contaba con 620 asociados en la Comunidad, de los 900 que trabajan aquí, aunque en los últimos días otros 20 han decidido sacarse el carnet para apoyar estas reivindicaciones.
La Asociación ve claro quién es el culpable de la situación. «El PSOE prometió una Ley Orgánica de Derechos y Deberes y una modificación de la Ley Disciplinaria y no ha cumplido ninguna de las dos», reflexiona Salicio. «Ahora, cuando ya no hay tiempo en la legislatura, aseguran que van a acometer la Ley de Derechos y Deberes en un mes, cuando fue anunciada por Zapatero en 2001. No nos lo creemos», prosigue..
«Están buscando ilegalizar nuestra Asociación, pero no lo van a conseguir, ni tampoco callar nuestras reclamaciones», indica. Mientras, a la espera de que se produzca un cambio en la política gubernamental, que se atiendan sus reclamaciones y que no se persiga a la Asociación, los guardias civiles viven con sus problemas diarios, que parecen no terminar.
«Es triste decirlo, pero aquí hay que callarse y, en muchos casos, se ha llegado al extremo del suicidio entre compañeros», concluye Salicio.
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