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La condena definitiva se produce después de que el alcalde de Villavelayo elevase un recurso de apelación a la Audiencia. Ésta rebaja la pena al entender que Sáiz había sido condenado por un delito continuado de desobediencia aunque la Sala sólo ve desobediencia. La historia se remonta al año 2000. Entonces, el Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia a favor de unos hermanos en su demanda contra el edil.

En concreto, los tribunales reconocían que la finca propiedad de estos particulares no tenía por qué estar gravada con servidumbre de paso en favor de la vivienda contigua, propiedad del alcalde, Miguel Ángel Sáiz. Por lo tanto, el fallo obligaba al primer edil a derribar las escaleras de acceso a su inmueble pero que estaban construidas en el terreno de los demandantes. Además, la sentencia tenía en cuenta que el piso fue alquilado a otro inquilino en el 2000 por un máximo de cinco años.

«Incumplimiento»

En el 2003 ya se dictaron varias providencias instando al alcalde a cumplir con la sentencia. Ahora, la Audiencia justifica la ratificación de condena al entender que «se aprecia una actitud clara y pertinaz de resistencia al incumplimiento de lo acordado [el derribo de las escaleras] en resoluciones judiciales, que conocía perfectamente, dándose en su actuación los elementos constitutivos de dicho delito, pues él mismo actuó de manera voluntaria y con conocimiento de una resolución legítima y emanada de la autoridad judicial competente» aunque reduce la inhabilitación de 12 a 8 meses.