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Los hechos presuntamente delictivos se remontan cuatro años atrás, cuando el alcalde decidió tramitar la baja en el padrón de Ángel Jiménez, uno de los vecinos del pueblo. Jesús Arnedo aseguró que el motivo de hacerlo se debía a su intención de «cumplir estrictamente con la legalidad», ya que este hombre no residía la mayor parte del año en el municipio ni pagaba allí las tasas de agua, basura o alcantarillado. Ángel Jiménez, por su parte, achacó la actuación del alcalde a que «sabía que me iba a presentar a las elecciones por el Partido Popular». No negó que su presencia en el pueblo no iba más allá de los fines de semana, puentes y vacaciones, pero denunció la «discriminación» a la que le sometió el alcalde, pues «hay otras personas que siguen empadronadas allí y están en mi misma situación». Como ejemplos citó al propio alcalde de Almarza (que tiene su trabajo en la oficina del INE en Logroño), «a mi madre, que sube una vez al año y sigue empadronada, a José Luis el carnicero y a Eduardo el de la Caja».

En efecto, Eduardo y José Luis comparecieron como testigos y reconocieron su vinculación esporádica con el pueblo. Ambos, sin embargo, tenían sus votos delegados en favor del alcalde.

El fiscal, en vista de estos casos y otros similares, consideró «acreditado que un gran número de vecinos empadronados en Almarza tienen su residencia habitual en otras localidades» y se preguntó por qué se le daba de baja en el padrón a Ángel Jiménez y a los otros no. Esta «actuación arbitraria» con un vecino de ideas políticas distintas a las del alcalde es lo que, según el fiscal, constituye el delito electoral.

La misma arbitrariedad fue motivo para llevar a la acusación particular a afirmar que el alcalde prevaricó (es decir, que tomó una decisión injusta a sabiendas de que lo era).

Un trasfondo urbanístico

La defensa de Jesús Arnedo - ejercida por el político regionalista Miguel Gómez Ijalba- recordó que dar de baja en el padrón a Ángel Jiménez fue una actuación perfectamente legal y avalada por el Consejo Provincial de Empadronamiento, y que ello no le impidió ejercer su derecho al voto durante las elecciones del 2003, por lo que a su juicio es «absurdo» hablar de un delito electoral. Llamó la atención también sobre el hecho de que, ese año, 48 personas «afines» a Ángel Jiménez («la mayoría residentes en Zaragoza») trataron sin éxito de darse de alta en el padrón de Almarza. En el trasfondo de este proceso judicial -dijo el abogado- «no hay más que una mera persecución política» que busca como fin último el cambio de alcalde «para conseguir la recalificación de 480 hectáreas de terreno».