La Fiscalía decide archivar el caso de la construcción de las piscinas de Herce
Calparsoro concluye que «en unas obras complejas las diferencias de precio pueden explicarse por razones técnicas»
La Fiscalía del TSJR ha archivado las diligencias informativas abiertas a instancia de los tres ediles del PP de Herce que denunciaron un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la construcción de las piscinas de esta localidad. En el texto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal jefe Juan Calparsoro entiende que «en unas obras complejas y de alto coste como son unas piscinas públicas las diferencias (de precio) pueden explicarse por razones técnicas y en todo caso no son de un importe significativo».
En el propio escrito, el fiscal recuerda cómo las piscinas se contrataron con un presupuesto de 429.629 euros, pero que éste fue aumentando como consecuencia de los cambios, mejoras y modificaciones introducidas antes de ser inauguradas, en junio del 2004, lo que motivó la denuncia de tres concejales 'populares' del Ayuntamiento de Herce contra el alcalde, Jesús Ibáñez Martínez Aldama, primo del actual secretario general del Partido Socialista de La Rioja.
Estos cambios introducidos en el proyecto de las piscinas, que llegaron a incrementar el coste presupuestado en un 75%, obedecían, por ejemplo, a mejoras de material para conseguir una mayor durabilidad de las instalaciones. También se elevó la cota de la parcela, incluida la zona verde, por razones de estéticas, lo que supuso un incremento en el apartado de movimiento de tierra. «Por parte del alcalde -especifica el documento de la Fiscalía- se iban aceptando las mejoras que le iban planteado la dirección de obra, realizándose las mejoras a iniciativa de los técnicos». Por su parte, tanto la arquitecto (hermana del alcalde) como el aparejador recibieron los mismos honorarios que si no se hubiese sobrepasado lo presupuestado.
«Los peritos designados a propuesta de los denunciantes -continúa Calparsoro-, tras examinar las instalaciones y documentación, hablan de un desfase entre los certificado por la dirección facultativa y lo realmente ejecutado de 99.341 euros, si bien corresponde en realidad a 71.965 euros, pues el resto corresponde a IVA, beneficio industrial y gastos de administración de empresa».
La diferencia señalada, concluye, «no es significativa para entender que pudo producirse una actuación delictiva o prevaricadora por parte del alcalde, la dirección facultativa, la constructora o terceras personas».
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