El PR teme que el plan de Rioja Sun Energy encubra la creación de una planta de reciclaje
Legarra exige a Sanz que explique ante el Parlamento «todas las zonas oscuras» del proyecto previsto en el solar de Electrolux
El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, reiteró ayer sus dudas en relación al proyecto liderado por Rioja Sun Energy para reindustrializar las instalaciones de Electrolux en Fuenmayor. La comparecencia un día antes del titular de Desarrollo Económico, Javier Erro, no aclara, según Legarra, las «zonas oscuras» del plan sino que aumentan los «interrogantes».
Como ejemplo, el líder regionalista abundó en la empresa de reciclaje americana que al parecer está interesada en participar en el proyecto tras la marcha de uno de los inversores. Legarra expresó su temor a que la planta de fabricación de placas solares sea una «pantalla ecológica» para luego modificar el plan y sea la compañía de residuos la que finalmente se instale junto al Ebro, en una zona de alto valor agrícola. «Si es así, el PR va a estar en contra por su alto coste contaminante y el riesgo para el desarrollo sostenible de La Rioja», avanzó Legarra. «No todo vale para reindustrializar la zona», agregó.
Para el presidente del PR, tampoco resulta tranquilizador que Rioja Sun Energy haya solicitado una moratoria para pagar unos terrenos por los que ya ha adelantado un millón de euros. Un dato al que se suma el desmentido de Electrolux respecto a que la multinacional hubiese solicitado con anterioridad una prórroga para culminar el desmontaje de las instalaciones.
A todo ello, se añade la «salida por patas» de Rioja Sun Valley de un alto cargo de la Agencia de Desarrollo que, después de 'fichar' por la empresa, ha solicitado reincorporarse a la Ader.
Ante este escenario, el portavoz regionalista anunció su intención de solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento para que comparezca Pedro Sanz. «El presidente riojano está obligado a dar explicaciones y disipar las dudas que suscita un proyecto del que ya se han incumplido los primeros plazos anunciados», dijo, antes de concluir: «No se puede jugar con el futuro de 1.100 familias».