Moreno afirmó que atajar la corrupción urbanística «ha dejado de ser un reto, para convertirse en una grave amenaza para el medio ambiente, la vivienda y la democracia». Por ello, aseguró que es el momento de ir más allá de la «simple adopción de medidas» como si éste fuera un problema más para plantear las soluciones «urgentes» que demandan los ciudadanos.
Entre otras posibles medidas, desde IU se propone que los preceptivos informes medioambientales para poner en marcha determinados desarrollos urbanísticos tengan carácter vinculante y no sean meramente consultivos y puedan pasarse por alto con facilidad; que se limiten las plusvalías privadas en las actuaciones de carácter público; que se den más medios y capacidad a la Fiscalía; y que se promueva un Pacto Anticorrupción y un Código Ético en el que participen todas las fuerzas políticas y administraciones afectadas.
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