El patrimonio del usuario marcará su aportación al servicio de dependencia La ley fue aprobada de forma definitiva con el rechazo de CiU y el PNV Los primeros beneficiarios, en el 2007, serán 200.000 grandes dependientes Unos minutos antes de la votación definitiva, José Luis Rodríguez Zapatero quiso dejar su rúbrica en el debate parlamentario de la ley de mayor calado de esta legislatura. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada ayer de manera definitiva, marca un «hito histórico» y cimenta un «nuevo pilar» de la cohesión social española, el cuarto junto con el sistema de pensiones y la sanidad y educación públicas, aseguró el jefe del Ejecutivo. El proyecto, en viaje de vuelta desde el Senado, contó con un respaldo abrumador que sólo quebraron CiU, PNV y algunos diputados nacionalistas del Grupo Mixto por entender que vulnera competencias autonómicas. ARANTZA PRÁDANOS/COLPISA. MADRID  Jesús Caldera y Amparo Valcarce, con miembros de asociaciones a las puertas del Congreso. / EFE | |  Imprimir  Enviar | | EL FENÓMENO, EN DATOS
PRINCIPIOS BÁSICOS
VALORACIÓN EN GRADOS
PRESTACIONES
CALENDARIO
FINANCIACIÓN | A día de hoy, hay 1,2 millones de personas dependientes en mayor o menor grado, que serán 1,5 millones en 2020, según el INE.
Más del 80% de los dependientes son mayores de 65 años.
Solo el 3,5% de los mayores de 65 años cuentan con ayuda a domicilio; el 2,84% con teleasistencia; el 3,86% con plaza en una residencia, y el 0,54% en un centro de día.
Cerca del 90% de la atención a los dependientes se realiza en el ámbito familiar; el 83% de los cuidadores familiares son mujeres.
Será un derecho universal, que todo ciudadano podrá reclamar, y el sistema será público.
Participarán todas las administraciones y la iniciativa privada por medio de conciertos coordinados desde la red pública.
El Consejo Territorial -Gobierno central, comunidades y ayuntamientos- articulará el sistema.
Se creará un Comité Consultivo con sindicatos y empresarios.
Dependencia moderada, severa y gran dependencia, Cada uno de los grados se divide en dos niveles.
Cada dependiente tendrá una categoría y nivel, según un baremo que aprobará el Consejo Territorial.
A partir del 2007, todos los ciudadanos que lo deseen podrán pedir la valoración de su dependencia .
Una vez reconocida, la categoría es válida en todo el Estado.
Teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, residencias.
Prestaciones para contratar un servicio en el mercado privado mientras se crea la red pública.
Excepcionalmente,, el beneficiario podrá optar por ser cuidado en el entorno familiar.
El cuidador familiar cobrará un salario y deberá darse de alta.
Asistencia personalizada para los grandes dependientes
Los seguros privados de dependencia tendrán ventajas fiscales
El primer año, 2007, accederán a las prestaciones los grandes dependientes de nivel I y II.
De forma gradual hasta el 2015, se incorporarán los demás, de mayor grado a menor.
Tendrá un coste equivalente al 1% del PIB, unos 9.400 millones anuales una vez a pleno rendimiento. La aportación de los usuarios no excederá, de media, el 30% del coste del servicio, y se calculará en función del nivel de renta y patrimonio personal -no familiar- del usuario. |
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El debate no ofreció más sorpresas que la intervención del presidente. El resultado estaba cantado, dado el apoyo 'crítico' del PP a la ley, y se sabía también que algunas de las enmiendas que los populares colaron en el Senado con ayuda de CiU iban a decaer en el trámite final de ayer. Así, el texto recuperó su enunciado inicial y los usuarios sufragarán parte del coste de las prestaciones que reciban en función de su «renta y patrimonio», y no solo de la renta, como defendían PP y CiU.
Lo contrario no sería «justo ni solidario», alegó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Tampoco realista, dada la envergadura del proyecto, cuyo coste anual, una vez que esté a pleno rendimiento a partir del 2015, equivaldrá a un 1% del PIB -unos 9.500 millones de euros- y no hay economía, por saneada que sea, que pueda cargarlo en exclusiva sobre las espaldas públicas.
La aportación del usuario será «pequeña» en todo caso, dijo el ministro, en torno al 30% de media, según baremos que se definirán más adelante, y tendrá en cuenta su nivel económico y patrimonial. Habrá un mínimo exento y nadie se quedará fuera por falta de medios económicos, reiteró Caldera ante el pleno.
La ley alumbra el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y convierte en responsabilidad de las administraciones públicas lo que hoy es una cruz con la que cargan en privado los dependientes -en torno a 1,2 millones de ancianos o un número no precisado de discapacitados físicos o psíquicos- y sus familias. Los servicios de ayuda, residencias, atención domiciliaria, centros de día, cuidadores, etc., no se implantarán de inmediato, sino a lo largo de ocho años, del 2007 al 2015.
Mínimo común
Será un nuevo derecho universal, exigible por cualquier ciudadano que lo necesite, y dará carta de naturaleza legal e institucional a las prestaciones, aisladas y muy desiguales, que ofrecen las comunidades y los ayuntamientos.
La ley «garantizará un mínimo estándar de igualdad» de las prestaciones y servicios en todo el territorio español, aseguró Jesús Caldera. El ministro de Trabajo recalcó que millones de personas tendrán por primera vez «el derecho a ser atendidas» por las administraciones cuando los achaques de la edad, la enfermedad o alguna discapacidad sobrevenida les impida manejarse por su cuenta.
La aportación financiera de la administración central -12.600 millones de euros hasta el 2015, en total- se definirá año a año en los Presupuestos del Estado. Con ella se sufragará el catálogo mínimo de prestaciones común a todo el territorio. Las autonomías aportarán una cantidad similar para arrancar; cada comunidad definirá los servicios que ofrecerá a su población dependiente, y el coste de este segundo nivel se repartirá a partes iguales con el Ejecutivo central por medio de convenios.
La ley entrará en vigor el 2 de enero de 2007, pero necesitará unos meses para activar los engranajes. El consejo territorial, verdadera 'sala de máquinas' del sistema, se constituirá en unos tres meses, con participación mayoritaria de las comunidades, además del Gobierno central, los ayuntamientos y organizaciones de acción social que, como Cáritas, Cruz Roja y otras, ayudan a los dependientes allá donde no llegan las políticas oficiales.
Se abre un plazo de seis meses para que las consejerías autonómicas de asuntos sociales creen los servicios que evaluarán el grado de dependencia de los solicitantes, las prestaciones a que tienen derecho y el copago que les corresponde. En el 2007, los primeros beneficiarios serán los doscientos mil grandes dependientes, los que por su pérdida total de autonomía requieren de la presencia constante de un cuidador. Después se irán incorporando los demás grupos, de más a menos graves, de dependientes severos y moderados.
La red de atención social nace con vocación pública, aunque concertará con el sector privado -residencias- allá donde no llegue. Se primará la prestación asistencial, aunque en los primeros compases se deba recurrir a ayudas económicas para contratar los cuidados donde falten las infraestructuras. Los cuidadores familiares que lo deseen podrán darse de alta en la Seguridad Social y cobrarán por atender al dependiente. |
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