En un informe oficial del Defensor -elaborado hace diez días por la adjunta primera de la oficina, María Luisa Cava de Llano- la institución advierte a Interior de que no puede continuar impidiendo la entrada a inmigrantes ilegales sin garantizarles la asistencia letrada y un intérprete en el caso de que no hablen castellano. Unas normas que deben cumplirse desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolla el Tratado de Schengen de 1985.
El Gobierno, el 8 de septiembre, reformó por sorpresa y sin publicidad el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería para intentar dar cobertura legal a estas expulsiones instantáneas.
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