La razón de este cambio nace de la reunión celebrada ayer en Madrid entre el Gobierno regional y el Ministerio de Justicia. La comitiva riojana, encabezada por el director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, percibió «sintonía» con el subdirector general de Ordenación Territorial, Juan Colino, y el resto de mandatarios ministeriales.
Según Bretón, el desbloqueo a la hora de tratar el tema del Palacio de Justicia, que se instalará en el antiguo cuartel de Murrieta, ha propiciado la distensión entre ambas instituciones y el avance en las transferencias. «Había cierto acuerdo, pero si no podíamos hablar sobre el asunto principal (el Palacio de Justicia), no nos interesaba el resto», explica.
En la actualidad, existen cuatro grupos de trabajo: el primero, referido a las obras y el patrimonio; el segundo, al personal; el tercero, al coste efectivo; y, el cuarto, a la informática. «Respecto al primer grupo de trabajo, hemos pedido información como el estudio-memoria de necesidades del nuevo Palacio, porque hasta ahora sólo contamos con el estudio-detalle y necesitamos más definición para saber cuál va a ser la edificabilidad de Murrieta, sus funciones y también qué ocurrirá con Bretón de los Herreros», asegura Bretón. «Si coincide con nuestro estudio, mostraremos nuestro acuerdo; si no, habrá que hablar de costes», prosigue.
De momento, el camino parece largo: el Gobierno regional exige 60 millones para llevar a cabo las transferencias mientras la última oferta de Madrid era de 12. Antes del 15 de diciembre, el Ministerio se ha comprometido a otra nueva reunión para ahondar en el tema.
Por último, Justicia aceptó ayer la colaboración de la Consejería para «realizar un diagnóstico de los sistemas informáticos» y así buscar soluciones «a corto, medio y largo plazo» para los problemas de equipamientos y programas, algo que Bretón califica como «colaboración muy beneficiosa».
- Región
