La futura Ley de Consumidores prevé sanciones de hasta 600.000 euros
El proyecto riojano actualiza la norma nacional y define al consumidor como persona física
Los derechos sustantivos se concretan en la protección de la salud y seguridad, la protección de los legítimos intereses económicos y sociales y el derecho a una eficaz protección jurídica, administrativa y técnica y a una adecuada reparación de daños. Los de carácter instrumental son el derecho a la información, la educación y la formación como consumidores y usuarios, y el derecho de representación a través de las asociaciones de consumidores, que deben ser consultadas en las materias que les afecten. El Consejo de Gobierno de La Rioja estudió ayer en su reunión habitual de los viernes el anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores, cuyo objetivo principal es garantizar la protección y promoción de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de La Rioja.
La futura normativa «adapta a los nuevos tiempos la Ley nacional, que data de hace 20 años y tiene algunas lagunas en la protección de los consumidores», explicó en su presentación el consejero de Agricultura y Desarrollo Económico, Javier Erro.
Una de las novedades es la Definición del consumidor sólo como persona física, «excluyendo a las personas jurídicas, en línea con las directivas comunitarias». Además, añadió Erro, se prestará especial atención a los consumidores que se encuentren en situación de inferioridad o de desprotección más acusada.
El texto recoge, asimismo, todos los aspectos concernientes a la seguridad de los productos y establece el estatuto del personal inspector, así como la posibilidad de adoptar medidas provisionales cuando existan indicios de riesgos para la seguridad de los consumidores o se vulneren de forma grave sus intereses económicos. También se delimitan las actuaciones sancionadoras de las administraciones locales.
El consejero subrayó que otro de los aspectos más destacados del anteproyecto es que se hace una enumeración «exhaustiva» de las infracciones, clasificadas en ocho apartados diferentes y con sanciones que pueden oscilar entre 200 y 3.000 euros para las 'leves', entre los 3.001 y 30.000 euros para las 'graves', y entre 30.001 y 600.000 para las 'muy graves'. En este sentido, el anteproyecto establece una serie de circunstancias agravantes y atenuantes.
Entre las primeras, destacan la reincidencia o reiteración, o el haber originado globalmente a los consumidores un daño o perjuicio superior a 50.000 euros. Como circunstancias atenuantes, el anteproyecto señala, entre otras, que se haya corregido diligentemente las irregularidades en que consista la infracción.
Aprobación en 3 meses
Erro subrayó que para la elaboración del anteproyecto «hemos mantenido conversaciones con las Consejería de Educación y Sanidad y con las asociaciones de consumidores, que apenas han hecho sugerencias, de lo que deducimos que hay una aceptación bastante satisfactoria por parte de estos colectivos porque el texto recoge los aspectos que más pueden preocuparles». Ahora se abre el periodo de consulta pública y la previsión es que la normativa esté aprobada de forma definitiva en un plazo máximo de tres meses.
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