Del Río explicó que este reglamento establece las licencias o autorizaciones medioambientales que necesitan los proyectos, actividades e instalaciones susceptibles de generar daños al medio ambiente, con carácter previo a su ejecución o puesta en marcha.
La nueva norma, cuya puesta en marcha supondrá un coste de 120.000 euros, asume la legislación básica del Estado en la materia que, a su vez, ha incorporado diversas directivas comunitarias.
Excluyentes
Una de las principales novedades de esta regulación es que los tres instrumentos de prevención son excluyentes, por lo que un proyecto, instalación o actividad, en caso de que tenga incidencia en el medio ambiente, estará sometido a evaluación de impacto ambiental o a autorización ambiental integrada y ya no requerirá licencia ambiental.
Los proyectos, actividades e instalaciones que se sometan a evaluación de impacto ambiental deberán ser visados por un colegio profesional y el estudio contendrá, entre otras cosas: una descripción del proyecto y una estimación de residuos vertidos, evaluación de los efectos, medidas previstas para eliminar o reducir los efectos ambientales y un programa de vigilancia ambiental.
Se someterán a licencia ambiental todas las actividades no sujetas a las autorizaciones anteriores, pero susceptibles de originar daños al medio ambiente o producir riesgos a las personas y bienes
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