Según informó ayer la oficina de prensa del instituto armado en nuestra comunidad, de los 18 informes abiertos en el primer semestre por el Seprona en La Rioja «doce corresponden a infracciones en materia de suelo y urbanismo, uno es un delito, dos están relacionados con vías pecuarias y uno afecta a la legislación de aguas».
El Seprona inicia sus actuaciones a raíz de las denuncias de un particular o de un colectivo (en la mayoría, ecologistas). Los agentes abren un informe y, tras las oportunas diligencias, el asunto puede quedarse en nada o bien conducir a la apertura de un expediente. Si, además, la infracción es constitutiva de un delito, el caso se pone en manos de la Fiscalía y termina en el Juzgado.
Las denuncias pueden derivar de múltiples supuestos. Como por ejemplo, que se construya un chalé en un terreno no urbanizable sin tener autorización o, bien que se tenga permiso, pero exclusivamente para levantar una caseta agrícola y no una vivienda. Otras actuaciones que pueden ser objeto de infracciones son instalar vallados sin autorización, construir pozos ilegales, montar balsas en ríos o hacer caminos en zonas de restos arqueológicos (por ejemplo, sobre una calzada romana).
Casos más destacados
Los portavoces de la Guardia Civil rehusaron ayer detallar las infracciones y las localidades riojanas en las que se han cometido las irregularidades detectadas este año que, en todo caso, no dieron lugar a la detención de ninguna persona. No obstante, sí destacaron como caso significativo la denuncia presentada el pasado mes de marzo por el Colectivo Ecologista Riojano (CER) contra el circuito de motociclismo de El Corvo, en Logroño. Asimismo, recordaron que en abril del 2005 se elevó a la Fiscalía un informe sobre el circuito de quads de Arnedo y que en septiembre del 2004 se llevó al Juzgado un caso de destrucción de vía romana por la construcción de un camino.
En el conjunto del país, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 construcciones ilegales en año y medio. Cuenca fue la provincia más infractora durante los seis primeros meses, ya que copó casi el 20% (520) de las 4.636 obras ilegales denunciadas. El secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, afirmó ayer que el Gobierno riojano fue «exquisito» y no miró «el color político» con el Ayuntamiento de Briñas, gobernado por el PSOE, que intentó «legalizar lo ilegal» respecto a una actuación urbanística en este municipio.
Cuevas , en una rueda informativa, se refirió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que obliga al Gobierno regional a restaurar la legalidad urbanística en Briñas ante la construcción de una bodega y un edificio que no la respetaba en distintos aspectos, como la distancia a los linderos, el uso del suelo y la invasión de suelo público.
Precisó que los tribunales, en una sentencia del año 2002, obligaron al Ayuntamiento de Briñas a restaurar esa legalidad urbanística, que prácticamente suponía el derribo del edificio, pero, ante la «pasividad» de éste, dictaron otra, en 2004, sobre la subrogación de la Comunidad Autónoma en el procedimiento de legalidad urbanística.
Cuevas recordó que, en ese tiempo, el Ayuntamiento de Briñas aprobó su Plan General con la pretensión de «legalizar lo ilegal» respecto a esa bodega, situada en una parcela propiedad de un tío del alcalde.
En respuesta a Cuevas, el PSOE de La Rioja afirmó que el secretario general del PP «sólo pretende confundir a los ciudadanos» hablando del municipio de Briñas para «desviar la atención de los graves escándalos urbanísticos, reales estos sí, que protagonizan algunos alcaldes del Partido Popular, como los de Lardero, Logroño, Calahorra, Haro, Casalarreina, Santurde, Cervera, Alberite, Albelda y Manjarrés, entre otros». El PSOE también recordó el chalé ilegal de Aznar en Marbella.
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