Las autonomías del PP prometieron estudiar «con ánimo positivo» el programa de traslados para acoger a parte de ellos.
La reunión se celebró en el Ministerio de Trabajo presidida por su titular, el ministro Jesús Caldera. Congregó a representantes de nueve departamentos del Gobierno central, consejeros y técnicos de gobiernos autonómicos y delegados de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Durante cuatro horas, debatieron sobre cómo mejorar la situación de centenares de menores inmigrantes que precisan protección de acuerdo con la legislación española, y que el Gobierno quiere repartir por la Península para aliviar la presión que sufre el archipiélago canario.
El ministro de Trabajo explicó tras el encuentro que Canarias está «desbordada». Por eso, los gobiernos central e insular plantearon «una propuesta para trasladar a los que no pueden ser adecuadamente atendidos allí al resto de la Península». El Gobierno insular tiene unas 250 plazas para menores en sus centros, en los que hay amontonados más de 800. Pide que el resto de España se haga cargo de 500, para aliviar su situación.
La postura de los gobiernos populares la expresó con más detalle la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, quien atribuyó el incremento de menores llegados en cayucos a Canarias al «efecto llamada» y a la actuación «incompetente» del Gobierno central en política de inmigración.
Esfuerzo
No obstante, afirmó que «vamos a estudiar e intentar en la medida de lo posible hacer un esfuerzo, dada la situación de emergencia nacional» que a su juicio vive el archipiélago.
A partir de hoy, técnicos de la Secretaría de Estado de Inmigración empezarán a reunirse con funcionarios de las comunidades autónomas. Cada una de ellas indicará el número de plazas que puede ofrecer en sus entidades tutelares, y si dispone de otras que puedan asumir ONGs o instituciones especializadas, que recibirían financiación directa de la administración central. Las comunidades del PP pidieron que el Gobierno concrete cuanto antes la cuantía de esos fondos. Caldera señaló que lo que guía la actuación del Gobierno es «el interés del menor. Cuando no podemos repatriarle porque la familia lo rechaza, porque no podemos identificar a la familia o porque el país de origen no coopera, tenemos que atenderle y garantizar sus derechos», aseguró. Los primeros vuelos de repatriación de inmigrantes senegaleses llegados en cayucos a las costas canarias se están convirtiendo en un infierno no solo para los involuntarios pasajeros -170 hasta la fecha- del forzoso viaje de vuelta a casa sino también para los policías encargados de su custodia.
La aparente falta de previsión del Gobierno, y de personal destinado en las islas, lleva a Interior a exportar a los agentes desde la península hasta Fuerteventura en el mismo día de la misión para cumplir jornadas maratonianas de casi 24 horas en medio de un «caos casi absoluto», lamenta uno de los integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con base en Valladolid, enviada al completo a Canarias y que ayer mismo embarcaba de nuevo con destino al país centroafricano.
Los 74 agentes que integran dicha UIP sufrieron la semana pasada en sus propias carnes las peripecias surgidas de la, a su juicio, «deficiente planificación de los vuelos», ya que les avisaron con apenas unas horas de la inminente salida de un vuelo cuando aún se encontraban en su ciudad.
«Tercermundista»
«El miércoles y el jueves nos llevaron de Valladolid a Madrid dos veces -con sus vueltas- después de avisarnos con el tiempo justo para coger un vuelo que al final no salió hasta el viernes», recuerda el agente. Cuando por fin se resolvieron los «problemas políticos» alegados por el Gobierno para justificar las anulaciones comenzó la odisea del segundo vuelo oficial de repatriación de ciudadanos senegaleses con rumbo al aeropuerto «tercermundista» de San Luis -el primero salió el jueves por la tarde con agentes de las UIP de Sevilla y Asturias-.
Lo primero fue embarcar al grupo de sesenta inmigrantes que llegaron 'maniatados' con «esposas de cuerda» -se las retiran al embarcar- en furgones procedentes del atestado Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de El Matorral. Una vez a bordo del avión de Air Europa, «unos guantes de látex y vacunas contra la fiebre amarilla» son las únicas armas con las que cuentan los agentes para evitar motines y contagios de enfermedades. «Por ahora no ha pasado nada y, aunque en principio somos suficientes agentes para controlarlos, no sabemos cómo actuar si ocurre algo en pleno vuelo o en territorio senegalés, porque allí no tenemos permiso para pisar tierra», resume el policía, quien añade que «es mejor ni hablar» sobre la posibilidad de contraer enfermedades -«tifus, cólera, hepatitis, malaria,..., y otras muchas-».
120 euros por 23 horas
Bien avanzada la tarde, el vuelo aterrizó en San Luis, un aerodrómo situado «en medio de la nada en el que solo había una garita y cuatro policías».
Dos de ellos inspeccionaron el avión y permitieron a sus compatriotas bajar a tierra mientras los agentes españoles recibían la noticia de que el aeropuerto carecía de combustible para regresar. «Fue algo increíble porque no habían planificado ni eso», critica un pasajero que tuvo que santiguarse cuando vieron que el avión «despegaba con el combustible de la reserva para ir a Dakar a llenar el depósito».
Ya en suelo de la capital senegalesa, después de media hora «dando vueltas sobre la pista con el corazón en un puño porque no nos dejaban tomar tierra», los pasajeros observaron con inquietud «cómo repostaban el avión con nosotros dentro al no poder bajar a tierra». Así, tres despegues y tres aterrizajes después desde su salida de Barajas, los agentes partían de vuelta a Madrid, donde cumplimentaron el cuarto aterrizaje de la jornada a las cuatro de la madrugada, es decir, diecinueve horas después de su salida de Valladolid. Aún les quedarían otras cuatro hasta volver a casa. Todo ello -23 horas de trabajo con 14 de vuelo- remunerado por 120 euros al «considerar que se trata de un servicio extraordinario que no se puede pagar por horas».
En total, los agentes realizaron la friolera de ocho mil kilómetros, con sus consiguientes gastos, para realizar un único viaje de repatriación que ayer volvió a repetirse con los mismos protagonistas y escenarios, aunque esta vez, si el combustible no lo impide, el regreso a Barajas de los agentes está previsto para las dos de la madrugada. Las previsiones de los agentes, sujetas a modificaciones, apuntan a que los viajes se repetirán en adelante tres veces por semana.
«No existe ni planificación ni garantías para los agentes», lamenta el secretario en Castilla y León de la Unión Federal de Policía (UFP), Pedro Hierro, quien recuerda que «se están descuidando las obligaciones ordinarias de las UIP al dejar las plantillas mermadas para reforzar estos servicios sin crear nuevos puestos ni aquí ni en las Canarias».
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