El TSJR decidirá en días si el recurso de Lardero contra el derribo del 'Alfil' llega o no al Supremo
El Juzgado de lo Contencioso dictó el pasado día 1 una providencia de firmeza de la sentencia de demolición, con un plazo de dos meses para su ejecución
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) se reunirá en los próximos días para decidir si ha lugar al recurso que el Ayuntamiento de Lardero pretende elevar al Tribunal Supremo. Previamente, el pasado día 1, la titular del Juzgado de lo Contencioso dictó una providencia por la que entiende firme la sentencia de la Sala del TSJR, así que el Ayuntamiento tendría un plazo de dos meses para cumplirla de forma voluntaria, es decir, derribar el edificio en lo que exceda de la normativa urbanística y, si fuera técnicamente imposible, indemnizar a los propietarios de la urbanización 'Las Adelfas', como promotores de la demanda. Dicha providencia, según confirman fuentes judiciales, no fue recurrida por el Consistorio larderano, por lo que el plazo de dos meses estaría ya corriendo, al margen de lo que suceda en los próximos días con la petición de recurso para el Supremo presentada.
En este sentido, si la Sala de lo Contencioso -que también entendió la última sentencia tras el recurso de apelación presentado por los vecinos de 'Las Adelfas' como firme al remitir los autos a la estancia inferior (el Juzgado de lo Contencioso)- considera que ha lugar al recurso ante el Supremo (con lo que tendría que cambiar de criterio) el plazo para la ejecución de la sentencia se paralizaría y habría que esperar al dictamen del Alto Tribunal para conocer el futuro del caso.
Si, por el contrario, decide desestimar la petición del Consistorio (considerando firme la sentencia como ya lo ha hecho al remitir los autos a la instancia inferior) únicamente le quedaría al Ayuntamiento de Lardero la posibilidad de plantear una súplica a la propia Sala o una queja ante el Supremo, pero en este último caso ya no se paralizaría la ejecución.
Así las cosas, serían los vecinos de 'Las Adelfas', una vez transcurridos los dos meses desde la providencia, los que pedirían la ejecución ya de cumplimiento forzoso (demolición o indemnizaciones), intención que ya han manifestado públicamente.
El conflicto se origina por una demanda interpuesta por los vecinos de la urbanización 'Las Adelfas', enfrente de la cual una promotora en la que participa el propio alcalde, con el permiso municipal, levantó un edificio un bloque de 43 viviendas donde, según los jueces, deberían haberse edificado viviendas unifamiliares (con cabida la mitad).