Los últimos escándalos vinculados al 'ladrillo' y los problemas desatados en torno a la multipropiedad han colmado el vaso. La nueva norma servirá para desarrollar la ley con la que el anterior Gobierno liberalizó el sector en el 2003. Ese texto abría la actividad a «personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad». «No se trata de volver al régimen anterior, ni de exigir un título determinado a los que intervengan en la compra-venta de un piso, pero sí de que los ciudadanos tengan la máxima seguridad posible», apuntan fuentes gubernamentales.
La propia Trujillo se ha referido en numerosas ocasiones a este problema de una forma muy gráfica: «No es posible que en España una persona gane con una sola llamada de teléfono más dinero que un trabajador a lo largo de todo el año; como tampoco es posible que sea más fácil vender una casa que una lechuga». Desde el Gobierno se resalta que no solo las autoridades consideran urgente la intervención, sino que los propios agentes de la propiedad inmobiliaria (API) la entienden imprescindible.
Cartas marcadas
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de API, Santiago Baena, se muestra claro. «No queremos echar a nadie de la profesión, pero todos los días vemos auténticas barbaridades por parte de muchos aprovechados y no puede haber jugadores con las cartas marcadas», afirma. Baena recuerda que los 6.000 agentes que trabajan en España es un colectivo regulado, con unas tarifas públicas, inscritos en corporaciones de derecho público, sometidos a unos estatutos y con una formación que como mínimo es universitaria y se actualiza de forma constante.
A su juicio, la «infausta» ley del 2003 no ha servido para liberalizar el sector, más bien «para desprofesionalizarlo». Recuerda que el Consejo venía advirtiendo desde entonces la necesidad de regular la actividad y se muestra confiado en que la solución llegue pronto. «No va a tardar a tardar mucho, el Ministerio está concienciado y hay buen clima entre todas las partes», dice. «Lo propio sería que tomara forma de ley, pero su tramitación sería demasiado larga», asegura. Baena recuerda que los API cuentan con un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros por operación, al que se añaden otros por pérdida de documentación (60.000 euros) o por caución (cuando toman dinero de alguna de las partes dentro de los procesos de compra-venta).
Certificado
Santiago Baena afirma que la futura norma se basará en tres 'patas'. Un registro nacional que se complementará con otros autonómicos, los seguros de responsabilidad civil y la exigencia de un certificado de no haber sido condenado por vía penal «al menos por delitos contra el patrimonio o la propiedad». Junto a esto, los API consideran necesario que se haga obligatoria una sede física. «No se puede trabajar con un móvil, hay que tener una oficina», dice. Las sanciones, aún no definidas en el proyecto, «no irán por debajo de los 3.000 o 6.000 euros para la primera vez y ascenderán a entre 18.000 y 30.000 para los reincidentes, menos de lo que reclamamos nosotros», concluye.
