La orden de demolición decretada por el TSJR puede generar un doble problema al Ayuntamiento de Lardero: un bloque prácticamente gemelo al que la Justicia ha ordenado demoler corre el riesgo de seguir el mismo camino, ya que se encuentra a la espera de resolución judicial desde hace seis meses. En este caso, se trata de un edificio idéntico en una parcela continua, aunque con un portal menos y en el que se han construido y vendido alrededor de una treintena de viviendas, cuando según las normas urbanísticas vigentes entonces deberían haberse hecho la mitad. Se trata de los portales 51, 53 y 55 de la misma calle San Pedro (edificio Argos) y en este caso los vecinos que han llevado el caso a los tribunales son los situados inmediatamente detrás de la urbanización denominada 'Las Rozas'.

El motivo es el mismo. Siguiendo un estudio de detalle aprobado por el Ayuntamiento se modificaron las condiciones de edificabilidad, el uso de unifamiliar pasó a vivienda en bloque y aumentaron los aprovechamientos, pero las consecuencias para los vecinos fueron aún peores. Los vecinos de 'Las Rozas' tienen su entrada principal a la vivienda en el hueco que ha quedado entre las dos urbanizaciones (en 'Las Adelfas' se entra por la parte de atrás), con lo que les ha quedado apenas un pasillo de metro y medio entre la escalara de sus casas y el muro de la urbanización que se les ha edificado delante. Un muro de cuatro metros, que culmina en una terraza a la altura de sus salones, y un edificio completo de 14 metros, cuando debería tener bastante menos. En ambos casos, además de aumentarse las alturas, se ha absorbido parte de terrenos de zona libre privada para la construcción de unas terrazas de los primeros pisos de los edificios en cuestión.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la sentencia se producirá en breve, ya que probablemente el juez encargado del caso haya estado esperando a la resolución de la Sala de lo Contencioso del TSJR) para emitir la suya en parecidos términos.

Los propietarios del primer edificio entraron en sus viviendas hace más de un año, mientras que los de este otro pendiente de sentencia apenas lo han hecho hace un mes. La situación puede acabar adquiriendo tintes dramáticos.