El informe de la fiscal -al que ha tenido acceso este periódico- señala que «del conjunto de la instrucción se evidencia la comisión de numerosos hechos delictivos, todos ellos relacionados por la intervención decisiva del funcionario imputado». Dos intermediarios (que responden a las iniciales M.G.P., de Entrena, y F.S.P., de Autol) aparecen repetidamente en el relato de los asuntos que detalla la fiscal. Entre el resto de imputados aparecen también algunos de los particulares que se quedaron con los falsos derechos de viñedo. En total, el Ministerio Fiscal considera que hay 39 hechos que presentan autonomía jurídico-penal.

La trama se inició en el año 1996 y comenzó a ser destapada entre los años 1999 y 2000. Del escrito se deduce que la forma de actuar del funcionario se repetía una y otra vez: primero alteraba el Registro de Viñedo introduciendo en los ordenadores fincas y derechos de replantación acogidos a fundamentos 'históricos', que, una vez generados, pasarían a otros titulares a cambio de cantidades económicas pactadas, que algunos casos se acercaban a los seis millones de pesetas. En otros casos se llegaba a habilitar viñas en fincas inexistentes. Las presuntas irregularidades se cometieron en más de una treintena de municipios riojanos así como en algunas localidades de Álava y Navarra.

Según fuentes de la Fiscalía consultadas ayer por este periódico, el documento de la fiscal no es todavía una calificación formal sino un 'informe previo' presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño, de modo que la fecha de inicio de un posible juicio estaría todavía lejana.

La representante del Ministerio Fiscal deja abierta a las partes personadas la posibilidad de solicitar la inclusión de otros hechos. Por su parte, la titular del Juzgado encargado de este asunto deberá decidir aún si el caso continúa adelante y el número final de imputados.