Sin embargo, Calparsoro reconoce que «no es posible conocer la identidad del autor o responsable del delito por lo que [el Ministerio Público] no puede ejercer la acción penal contra persona alguna y acuerda el archivo provisional de las diligencias informativas». El fiscal tampoco pide la repetición del proceso porque esta potestad no se encuentra entre sus funciones, pero sí deja claro que habían existido durante los exámenes importantes irregularidades que aconsejaban volver a realizarlos.

Desde junio, Salud tenía sobre la mesa un recurso administrativo, presentado por los sindicatos sanitarios, que pedía la repetición de las pruebas. Aprovechando esta circunstancia, el modo elegido para anular las oposiciones ha consistido en resolver el recurso. «La Consejería vela por la seguridad jurídica de los procesos de selección de su personal y garantiza los derechos de todos los riojanos», agregó el Gobierno de La Rioja en la misma nota de prensa en la que anunciaba la repetición del proceso «a pesar de que la Fiscalía ha archivado el caso» y en consecuencia con los compromisos adquiridos en «distintos foros».

El informe de Calparsoro subraya, no obstante, los indicios de delito que supone «la violación del derecho fundamental de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos», protegidos por el artículo 23 de la Constitución.

Interrogatorios

El escrito de la Fiscalía no da lugar a demasiadas interpretaciones. Tras interrogar a los cinco miembros del Tribunal de las oposiciones, a dos empleados de la imprenta, a los diez opositores aprobados, al ex consejero Pedro Soto, y después de examinar el ordenador donde se transcribió el examen, Juan Calparsoro concluye que «la vinculación familiar o personal de ocho opositores aprobados con autoridades de la administración autonómica es clara» y que «es difícilmente entendible, si no imposible, que hayan obtenido la puntuación más alta precisamente esas personas, máxime cuando sólo una trabaja en sanidad».

Aunque admite que no posee pruebas suficientes para asegurar la existencia de delito, el fiscal deduce «racionalmente y con alta probabilidad» que «pudo existir una acción de revelación de secreto con carácter delictivo o bien una falsedad documental o bien prevaricación consistente en cambiar los exámenes una vez realizados».