El antiguo responsable sanitario, Pedro Soto, se limitaba a contestar que habría que esperar a las conclusiones de la Fiscalía que investiga el caso después de atender las denuncias presentadas por 120 personas. José Ignacio Nieto reconoció que «existe un problema porque ha habido denuncias». Hace unas semanas, los sindicatos presentaron un recurso administrativo para que la Consejería se pronunciara sobre una posible repetición de las oposiciones. «Ahora estamos pendientes de que la Fiscalía resuelva el expediente que tiene en trámite para pronunciarnos sobre el recurso administrativo», subrayó. «Pero hasta que el fiscal no se pronuncie, no resolveremos el recurso administrativo», agregó.

Esta impugnación se basó en una supuesta vulneración de derechos constitucionales. En concreto, los sindicatos alegan que en el examen de las oposiciones a celador no se respetó el artículo 23 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En un principio, era el tribunal de la oposición el que podía haberse pronunciado sobre este recurso administrativo. Al no hacerlo, ahora deberá resolver la situación la Consejería de Salud.